Cuatro días después de que se hicieran públicas una serie de denuncias en su contra, el periodista y productor Rafael Poveda emitió un nuevo pronunciamiento en el que manifestó su rechazo tajante ante cualquier acto de intimidación ejercido contra las personas involucradas. Asimismo, expuso profundos desacuerdos frente a la manera en que se gestionó su derecho a la réplica por parte de las comunicadoras del colectivo Yo Te Creo Colega, al tiempo que anunció el fortalecimiento de su equipo de defensa jurídica.
En su intervención, Poveda fue enfático en señalar que rechaza de manera categórica cualquier tipo de agresión o conducta violenta dirigida a la mujer que, según se conoció, ha recibido amenazas tras la divulgación de los testimonios. El comunicador subrayó que la vía institucional debe ser la prevalente para la resolución de estos casos, asegurando que «este asunto debe estar en manos de la Fiscalía» y apoyando que cualquier ciudadano acuda a los organismos correspondientes para poner en conocimiento de la justicia sus denuncias.
Discrepancias sobre el debido proceso y la réplica
El núcleo de la declaración de Rafael Poveda se centró en controvertir las afirmaciones hechas por las periodistas Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez, quienes habían manifestado que al investigado se le otorgaron todas las garantías necesarias para ejercer su defensa antes de la publicación de los testimonios. Poveda calificó dicha aseveración como distante de la realidad y procedió a detallar la cronología de las comunicaciones sostenidas con el colectivo.
Según la reconstrucción presentada por el comunicador, el primer contacto formal por parte de Yo Te Creo Colega ocurrió un día lunes a las 6:14 a.m. mediante un mensaje en el que se le notificaba que en las horas siguientes se publicarían contenidos que lo mencionaban, ofreciéndole la posibilidad de enviar comentarios vía correo electrónico. Poveda indicó que, tras solicitar ser escuchado de forma directa, se concretó una llamada grupal a las 10:39 a.m. de ese mismo día con las tres periodistas citadas.
Durante dicha conversación, cuya duración fue de aproximadamente media hora y de la cual se divulgó un registro en audio, Poveda solicitó conocer con precisión el detalle de los hechos imputados para formular una respuesta fundamentada. No obstante, según lo expuesto, las periodistas manifestaron no estar obligadas a revelar la identidad o la totalidad de los datos de las personas informantes, argumentando el deber de protección hacia la imagen de las denunciantes.
Posteriormente, a las 2:02 p.m. de esa misma jornada, el periodista recibió un cuestionario escrito titulado «Derechos de réplica». En dicho documento, según Poveda, no se adjuntaron las transcripciones literales o el «pietaje» completo de los testimonios grabados —los cuales sumaban una duración considerable—, sino resúmenes condensados en pocos párrafos. A partir de esa síntesis, se le formularon 22 preguntas orientadas a indagar sobre dinámicas laborales, entrega de obsequios y manifestaciones de cercanía física o afectiva con su personal de trabajo.
Poveda sostuvo que la formulación de estas preguntas partía de premisas sugestivas sobre hechos aún no verificados por la vía judicial, asumiendo una postura inquisitiva. Agregó que la notificación contenía una fecha fija de publicación programada a dos días de la entrega del cuestionario, lo que a su juicio evidenciaba que la difusión de los contenidos se realizaría independientemente de los argumentos que él pudiese aportar en su descargo.
Reconocimiento de fallas y refuerzo en la estrategia legal
El pronunciamiento también hizo referencia a una reciente declaración emitida por las periodistas involucradas en la investigación, quienes admitieron públicamente que el desarrollo de la conversación telefónica sostenida con Poveda resultó ser «infortunada» y reconocieron la necesidad de haber manejado la situación mediante otros canales o metodologías.
Poveda señaló que, si bien valora que las comunicadoras hayan reconocido fallas en el desarrollo del diálogo, el caso invita a una reflexión profunda sobre los límites de la labor mediática. Manifestó que cuando una publicación posee el potencial de menoscabar la honra, el buen nombre y el ejercicio profesional de un individuo, la rigurosidad en la verificación y la concesión de garantías procesales deben ser observadas con estricto apego a la imparcialidad.
Finalmente, el periodista hizo público que su representación legal ha sido reforzada para hacer frente a las acciones a que haya lugar en los estrados judiciales. Además de contar con los juristas José Luis Herrera y Wendy Herrera, junto a su respectivo equipo de trabajo, anunció la incorporación del abogado Jaime Lombana a su bancada de defensa. Poveda concluyó su mensaje expresando su agradecimiento hacia las personas que le han brindado apoyo durante el desarrollo de estos acontecimientos y reiteró su disposición de acogerse a los trámites que disponga la justicia formal.
