Mientras usted lee estas líneas, en algún lugar de Nigeria una familia cristiana abandona apresurada su hogar, un templo acaba de ser consumido por las llamas, un pastor enfrenta amenazas de muerte por predicar las sagradas escrituras y un niño comprende a una edad temprana, que seguir a Jesús puede llegar a costar la vida.
La persecución violenta contra la fe cristiana no es un recuerdo estancado en la antigüedad, es un drama diario y sangriento, así en regiones como: Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Yemen, Pakistán y Nigeria, miles de hombres y mujeres pagan con asesinatos, secuestros, encarcelamientos y destierro por el simple hecho de profesar sus convicciones.
Jesús nunca ocultó este camino, lo advirtió con absoluta transparencia «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mateo 5:10). La hostilidad no toma a Dios por sorpresa, aunque duele profundamente en lo humano, ratifica que la iglesia continúa transitando la misma senda de Cristo.
En Colombia, por gracia de Dios, la situación no alcanza esos extremos, nuestro marco constitucional ampara la libertad religiosa, garantizando que cada ciudadano pueda profesar y comunicar su fe libremente; ese amparo no favorece a un solo grupo: es un derecho fundamental para la sociedad entera. Pese a ello, cabe preguntarnos si esa libertad se garantiza siempre con imparcialidad; hoy por hoy, muchos creyentes callan en escuelas, universidades o empresas por temor al desprecio o la burla, asimismo cuando una comunidad cristiana busca un parque o una plaza pública para compartir un mensaje de fe suelen brotar de inmediato barreras administrativas, trámites rigurosos, lecturas estrictas del Código de Convivencia o reclamos por contaminación auditiva, curiosamente en esos mismos escenarios se desarrollan conciertos, torneos deportivos y fiestas locales con niveles de ruido e impacto similares, pero sin enfrentar semejante celo regulatorio.
No se busca exigir tratos preferenciales para las iglesias, el orden civil y las normas comunitarias deben acatarse y el Evangelio jamás se impone; sin embargo es necesario reflexionar si la norma se mide por igual para todos, si consciente o inconscientemente la manifestación pública de la fe es la primera en ser arrinconada.
La verdadera libertad religiosa va mucho más allá de tolerar que alguien ore al interior de un templo, exige resguardar el derecho a testimoniar la fe pacíficamente en la calle, servir al prójimo y proclamar esperanza sin miedo al rechazo o la censura.
Mientras en otros continentes hay hermanos que entregan su sangre por el nombre de Jesús, a nosotros nos corresponde proteger la libertad de la que aún gozamos, no solo para la Iglesia sino para cualquier ciudadano; la democracia madura no se atemoriza ante la fe, comprende cómo convivir con ella.
Al final cuando una voz que proclama esperanza es acallada por el prejuicio o por la
aplicación desigual de la ley, es la libertad de toda la sociedad la que sufre una pérdida
irreparable.
