En un esfuerzo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, las autoridades lograron la captura de tres personas presuntamente dedicadas a la extorsión agravada en la capital del país. Los implicados realizaban sus actividades delictivas utilizando la peligrosa y creciente estrategia de la falsa encomienda internacional, una modalidad que afecta el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos mediante presiones psicológicas y suplantación de identidades institucionales. Con estos arrestos, ejecutados en las últimas horas, se logra neutralizar una economía ilegal que ascendía a los 75 millones de pesos, producto de los pagos que las víctimas realizaban bajo amenazas.
Las labores investigativas, que se extendieron durante varios meses, permitieron compilar el material probatorio suficiente para que un juez de control de garantías emitiera las respectivas órdenes de captura. Los procedimientos policiales fueron llevados a cabo de forma simultánea por unidades del Gaula de la Policía en tres puntos estratégicos de la ciudad, correspondientes a las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón y Teusaquillo. Durante los registros, se incautaron elementos tecnológicos que presuntamente eran utilizados para contactar a los afectados y coordinar los cobros del dinero de las extorsiones.
El sofisticado método del engaño aduanero
La investigación criminal permitió establecer de manera detallada el modus operandi empleado por este grupo delincuencial. De acuerdo con las denuncias recopiladas, los sospechosos iniciaban su plan contactando a las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, utilizando perfiles falsos para ganarse su confianza o haciéndose pasar por amigos de familiares residentes en el extranjero. Una vez establecido el vínculo conceptual, le notificaban a la persona que se le había enviado un paquete o encomienda desde el exterior que contenía objetos de gran valor, como mercancías finas, regalos costosos o sumas de dinero en efectivo.
Posteriormente, la dinámica criminal escalaba cuando los delincuentes cambiaban de rol. Dejaban de ser los supuestos familiares o allegados para suplantar a funcionarios de empresas de mensajería legalmente constituidas o a las propias autoridades aduaneras y aeroportuarias. A través de llamadas telefónicas con un lenguaje técnico e intimidante, le aseguraban a la víctima que el envío presentaba supuestas irregularidades legales en el proceso de nacionalización, tales como un exceso en los pesos permitidos, la falta de declaración de los bienes o el hallazgo de divisas no registradas.
Bajo este escenario fabricado, los delincuentes coaccionaban a los ciudadanos exigiéndoles transferencias económicas urgentes para cubrir presuntas multas, aranceles aduaneros o, en los casos más graves, para evitar que la persona fuera capturada y procesada judicialmente por el delito de lavado de activos. El miedo a enfrentar repercusiones legales de carácter penal o a perder los supuestos bienes enviados por sus seres queridos obligaba a los afectados a consignar las sumas de dinero solicitadas en cuentas bancarias o plataformas de giros de carácter temporal.
Resultados operativos y judicialización
La ofensiva interinstitucional contra este flagelo arrojó un balance altamente positivo en materia de seguridad ciudadana. La captura simultánea en las localidades de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, junto con los procedimientos en Fontibón y Teusaquillo, permitieron desmembrar el brazo financiero y operativo de esta célula criminal organizada. Los tres capturados fueron puestos de forma inmediata bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, donde se les imputó el delito de extorsión agravada. Durante las audiencias de legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento, un juez de la república avaló el procedimiento e impartió medidas privativas de la libertad para garantizar que no continúen delinquiendo.
Voceros de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia destacaron que este tipo de resultados son fundamentales para devolver la tranquilidad a los hogares bogotanos. Se enfatizó en que el desmantelamiento de este grupo impacta de forma directa las estructuras delincuenciales que instrumentalizan las tecnologías de la información para amedrentar a la población civil. Las autoridades estiman que con la desarticulación de esta red se frena el flujo de recursos que alimentaba otras cadenas de criminalidad urbana en el centro y sur de la ciudad.
Llamado a la prevención y la denuncia oportuna
A raíz de este caso, la Policía Metropolitana de Bogotá y las entidades distritales reiteraron sus recomendaciones a los ciudadanos para evitar caer en las trampas de los extorsionistas. Se recordó que las empresas de transporte de mercancías y las entidades gubernamentales de control aduanero nunca realizan solicitudes de dinero ni exigen transferencias a cuentas de personas naturales a cambio de tramitar o liberar encomiendas. Asimismo, instaron a la comunidad a verificar de forma directa con sus familiares en el extranjero cualquier aviso sobre envíos sorpresa antes de suministrar datos personales o efectuar pagos que comprometan su patrimonio económico.
Finalmente, el Gaula de la Policía recordó la vigencia de la campaña nacional ‘¡No pago, yo denuncio!’, invitando a toda la ciudadanía a reportar cualquier llamada, mensaje o actividad sospechosa que apunte a un intento de extorsión a través de la línea gratuita de atención 165. Las autoridades aseguraron que la denuncia oportuna sigue siendo la herramienta más eficaz para interceptar las líneas telefónicas criminales, congelar las cuentas bancarias asociadas al delito y judicializar de manera contundente a quienes pretenden lucrarse a través de la intimidación y el engaño.
