El area política y judicial en el Congreso de la República sumó un nuevo capítulo de confrontación. El Juzgado 22 Penal de la ciudad de Bogotá ordenó una medida de privación de la libertad por tres días de arresto y la imposición de una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de la hoy senadora y electa representante a la Cámara, Aída Quilcué. La resolución judicial, motivada por un incidente de desacato, se deriva de la omisión por parte de la parlamentaria a responder de manera detallada los requerimientos de información pública exigidos mediante mecanismos de control.
La determinación del despacho judicial fue dada a conocer de manera pública por el senador de la Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido en el ámbito político como Jota Pe Hernández, quien promovió las acciones legales pertinentes ante la negativa de la congresista para esclarecer dudas sobre la adjudicación de recursos estatales. De acuerdo con el fallo proferido, si la funcionaria insiste en la renuencia de entregar la documentación solicitada, podría incurrir en un nuevo delito de desacato, lo que provocaría de manera inmediata la compulsa de copias penales ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, corporación competente para investigar a los miembros del legislativo debido a su fuero constitucional. Hasta el momento del cierre de esta edición, Quilcué no ha emitido pronunciamientos oficiales ni aclaraciones en sus canales institucionales sobre si acatará la orden de arresto o interpondrá recursos legales.
El origen de la disputa por contratación estatal
El conflicto jurídico y mediático entre ambos legisladores se remonta a las denuncias públicas presentadas por Hernández el pasado 17 de junio. En esa oportunidad, el congresista de oposición expuso ante la opinión pública presuntas irregularidades y falta de transparencia en la contratación del entorno familiar de Quilcué con diferentes entidades del Gobierno nacional. De acuerdo con los datos suministrados en la denuncia, varios integrantes del círculo cercano de la dirigente indígena habrían suscrito múltiples contratos estatales que, en su conjunto, alcanzan cifras cercanas a los 1.000 millones de pesos.
Entre los señalamientos específicos realizados por el senador Hernández se detallan los nombres de los familiares beneficiados por las asignaciones presupuestales de la administración central. En primer lugar, se identificó a Karen Quilcué, a quien se le atribuyen nueve contratos estatales que suman un valor aproximado de 500 millones de pesos. Asimismo, la denuncia menciona a Kelly Quilcué, vinculada con cuatro contratos que ascienden a los 300 millones de pesos, y a Mayerli Quilcué, quien registraría tres contratos por un monto superior a los 1.030 millones de pesos. Según el congresista demandante, este flujo de contratación condiciona directamente la independencia de la labor legislativa y contradice el discurso de austeridad e igualdad defendido por los sectores de la coalición gubernamental.
Impacto político y transición en el Congreso de la República
Las repercusiones de esta medida judicial coinciden con un periodo de transición política crucial para la congresista sancionada. Quilcué, quien se desempeñó como fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda en la pasada contienda electoral hacia la Casa de Nariño, se prepara para dejar su escaño en el Senado de la República e iniciar un nuevo periodo legislativo a partir del próximo 20 de julio, esta vez ocupando una curul en la Cámara de Representantes, dignidad alcanzada por el derecho que otorga el estatuto de la oposición tras los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial.
Por su parte, Hernández reafirmó su postura de continuar con las veedurías ciudadanas y los procesos de fiscalización al interior del Capitolio Nacional, donde iniciará su segundo periodo consecutivo en el Senado. Durante su intervención pública, el parlamentario enfatizó que el fallo emitido por el Juzgado de Bogotá ratifica que ningún funcionario público se encuentra por encima del ordenamiento legal vigente. Adicionalmente, el congresista reveló que las autoridades judiciales avanzan en otros procesos relacionados con su seguridad y ejercicio político, indicando que dos personas se encuentran próximas a recibir sentencia condenatoria debido a amenazas de muerte proferidas en su contra, al tiempo que advirtió sobre el inicio de acciones judiciales frente a campañas de calumnia orientadas a desacreditar sus denuncias de control fiscal.
