Una grave crisis humanitaria y de orden público se registra en el departamento del Cauca, luego de que se denunciara formalmente una violenta incursión de un grupo armado ilegal en el litoral pacífico colombiano. Los hechos, atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), tuvieron lugar en el municipio de López de Micay, donde la población civil ha sido víctima directa de retenciones forzadas, agresiones físicas, confinamiento y el saqueo sistemático de sus escasos recursos económicos y de subsistencia.
La gravedad de la situación fue ratificada por la propia administración municipal. A través de un pronunciamiento oficial, el mandatario local, John Harold García Riascos, expresó el rechazo categórico del gobierno territorial frente a estos hechos delictivos que rompen con la tranquilidad de los habitantes rurales. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los actos de violencia se concentraron específicamente en la vereda de San Antonio, una población que forma parte integral del consejo comunitario San José, ubicado geográficamente en la parte alta de la cuenca del río Micay. Este territorio, habitado de manera ancestral por comunidades afrodescendientes, goza de una especial protección constitucional que, según las denuncias ciudadanas, ha sido severamente vulnerada por el accionar de los grupos al margen de la ley.
Terror y confinamiento en el río Micay
Los reportes detallados por las organizaciones sociales, entre ellas la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano ‘Francisco Isaías Cifuentes’ y el Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA), indican que la incursión armada se ejecutó el pasado viernes 3 de julio, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. En ese momento, un comando fuertemente armado, compuesto por unos 35 hombres que portaban fusiles y vestían prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, ingresó de manera violenta a los caseríos intimidando a los residentes. Los subversivos manifestaron explícitamente pertenecer a las filas del ELN.
Inmediatamente después de su llegada, los integrantes de la estructura insurgente obligaron a la totalidad de los habitantes de San Antonio a agruparse en un punto específico del pueblo para asistir a una reunión de carácter obligatorio. Como estrategia para evitar que se diera aviso a la Fuerza Pública o a las agencias de derechos humanos, los hombres armados confiscaron los teléfonos celulares de todas las personas presentes, incomunicando por completo a la vereda con el resto del país.
Posteriormente, los miembros del grupo criminal iniciaron un registro arbitrario por las viviendas y procedieron a saquear las pequeñas tiendas de abarrotes y los locales comerciales locales. Durante este proceso, se apropiaron indebidamente de alimentos, víveres básicos, herramientas y mercancías de primera necesidad que pertenecían al sustento diario de las familias nativas.
Civiles instrumentalizados como cargueros en la selva
La situación de orden público se tornó aún más dramática cuando el grupo delictivo decidió retener contra su voluntad a un grupo de 40 habitantes de la comunidad. Los insurgentes instrumentalizaron a estos civiles, obligándolos bajo constantes amenazas de muerte a cargar sobre sus hombros los bultos de comida y los suministros que habían sido robados previamente de los negocios del pueblo. Las víctimas se vieron forzadas a realizar extenuantes caminatas de varias horas en medio de la densa selva tropical del Pacífico caucano. Mientras tanto, en los hogares de San Antonio reinaba la incertidumbre por el destino de sus seres queridos.
Los datos recopilados señalan que, tras las intensas presiones y la caminata forzada, el grupo armado liberó a 32 de los civiles retenidos aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del sábado 4 de julio. No obstante, los insurgentes decidieron mantener en cautiverio a ocho ciudadanos, de quienes hasta la fecha se desconoce por completo su paradero, su estado de salud actual o las condiciones físicas en las que se encuentran recluidos por parte de los captores.
Clamor por intervención del Gobierno Nacional
Organizaciones de base como Cococauca han manifestado que este lamentable episodio ha sembrado un estado de miedo generalizado en toda la región fluvial, lo que podría derivar en desplazamientos forzados masivos hacia las zonas urbanas debido al alto riesgo de que ocurran nuevos combates armados entre estructuras ilegales en los próximos días.
Ante este preocupante panorama, las comunidades étnicas del Pacífico caucano exigieron la intervención inmediata del Gobierno Nacional, la Gobernación del Cauca y los entes de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. La solicitud principal radica en que se desplieguen misiones humanitarias de verificación con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito fundamental de lograr la pronta liberación de los ocho secuestrados y exigir a los actores en conflicto el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario.
