En el marco de las actividades previas a su posesión, el mandatario electo de los colombianos, Abelardo De la Espriella, se pronunció de manera contundente sobre los desafíos prioritarios que asumirá su administración en materia de seguridad nacional, justicia y lucha contra la corrupción estatal, marcando una hoja de ruta para el inicio de su mandato.
Un traspaso de mando bajo fuertes señalamientos de corrupción
Durante su intervención, De la Espriella enfatizó las condiciones en las cuales recibe la administración del Estado. El próximo jefe de Estado calificó la gestión saliente como «el gobierno más corrupto de toda nuestra historia», asegurando que el proceso de transferencia del poder ejecutivo se ha desarrollado bajo un clima de tensiones institucionales.
«Están asustados, como el conductor del carro que lleva un muerto en el baúl y la policía lo para; por eso tanto nerviosismo y tantos ataques», manifestó el líder político.
Frente a este escenario, el mandatario electo advirtió que su administración adoptará una postura de tolerancia cero frente a las irregularidades administrativas. Bajo la premisa de que en el «gobierno del tigre nadie tendrá privilegios», De la Espriella envió un mensaje directo a los funcionarios públicos, señalando que cualquier persona que traicione la confianza de la ciudadanía deberá responder de forma estricta ante los tribunales competentes, de manera independiente a su cargo o filiación política.
Solicitud de sometimiento de la estructura criminal ‘Los Pepes’
En el ámbito de la seguridad ciudadana, el próximo presidente confirmó haber recibido una comunicación formal por parte de los principales cabecillas de la organización criminal conocida como ‘Los Pepes’. La solicitud fue emitida por los ciudadanos Digno José Palomino y Aldair Montealegre, identificados por las autoridades como los máximos líderes de esta estructura delictiva.
Esta organización criminal ha sido señalada por las fuerzas del orden como una de las principales responsables de sembrar el terror y alterar el orden público tanto en la ciudad de Barranquilla como en diversos municipios del departamento del Atlántico, mediante actividades ligadas al narcotráfico, la extorsión y el homicidio selectivo.
De acuerdo con lo expuesto por De la Espriella, los mandos de dicha estructura criminal habrían asimilado las advertencias de la nueva administración. «Estos bandidos han entendido el ultimátum y han manifestado su intención de someterse a la justicia con la ley actual«, precisó el mandatario electo, descartando la creación de marcos jurídicos alternos o beneficios extraordinarios por fuera de la Constitución.
Coordinación institucional para la judicialización
Con el objetivo de materializar este procedimiento de manera inmediata, el presidente electo anunció las primeras directrices operativas que se implementarán de la mano con las instituciones judiciales del país. Para ello, se tiene prevista una articulación directa con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
De la Espriella confirmó que instruirá formalmente al ministro de Defensa designado para que lidere y coordine las acciones logísticas y de seguridad requeridas en el procedimiento de captura y resguardo de los implicados.
De manera simultánea, se presentará un requerimiento formal ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de solicitar la asignación de un fiscal especializado. Este funcionario, respaldado por un equipo de la policía judicial, tendrá la responsabilidad de adelantar las etapas de investigación, legalización de capturas y posterior judicialización de los integrantes de la estructura criminal, garantizando que todo el proceso se ejecute de estricta conformidad con las leyes vigentes de la República de Colombia.
