En una comparecencia calificada como transcendental, los líderes de la oposición colombiana han emitido una declaración formal bajo el título «Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional». En el documento se fijan las pautas de una postura radical frente a los hechos que rodean la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuya posesión ha quedado severamente condicionada por las fuerzas políticas opositoras si no se esclarecen una serie de cuestionamientos legales y de soberanía nacional.
El eje central de la denuncia radica en que De la Espriella cuenta con la ciudadanía estadounidense, estatus para el cual debió prestar un juramento de nacionalización que la oposición considera incompatible con el ejercicio de la función presidencial en Colombia. Según el texto leído, dicho compromiso legal en el extranjero exige una lealtad exclusiva al orden constitucional de los Estados Unidos en caso de conflicto de intereses, lo que ineludiblemente forzará al mandatario electo a tomar partido por la nación norteamericana frente a la soberanía colombiana.
Vínculos legales y alertas desde el Congreso de Estados Unidos
La controversia se profundiza al recordar el pasado profesional del mandatario electo. Entre los años 2013 y 2019, Abelardo de la Espriella actuó como abogado y asesor legal de Alex Saab, hoy acusado por presunto lavado de activos en territorio estadounidense. Aunque el presidente electo ha sostenido públicamente que estas actividades formaron parte del ejercicio legítimo de su profesión y que sus honorarios fueron estrictamente jurídicos, la oposición enfatizó que existen dudas estructurales sobre dichos nexos.
Recientemente, once congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos remitieron una comunicación formal al Fiscal General y al Secretario del Tesoro de ese país solicitando una rigurosa investigación. Los parlamentarios norteamericanos señalaron la existencia de evidencias sobre transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Saab que presuntamente habrían beneficiado a De la Espriella. La misiva advierte explícitamente sobre el posible ingreso de fondos ilícitos a Estados Unidos, lo que ha encendido las alarmas sobre la licitud de los activos que el abogado posee en el exterior.
Asimismo, se cuestiona el rol de intermediario que el propio mandatario electo se atribuyó al propiciar acercamientos entre Saab y las agencias federales. El hecho de que socios estratégicos de su firma legal hayan resultado procesados por la justicia estadounidense, mientras que él ha permanecido inmune, motivó a la oposición a exigir que se aclare si Abelardo de la Espriella opera o ha operado como agente o colaborador de la DEA o de la CIA. Para los líderes políticos locales, ostentar dicha condición anula cualquier idoneidad para liderar el Estado colombiano y proteger su Constitución.
Cuestionamientos a la seguridad y la soberanía judicial
El manifiesto de la oposición también vincula al presidente electo con Jorge Luis Hernández Villazón, conocido bajo el alias de “Boliche”, un antiguo informante de las agencias de seguridad estadounidenses. De acuerdo con datos periodísticos ventilados en la misma declaración, el año anterior se efectuaron capturas vinculadas a una red de co-conspiradores que presuntamente extorsionaba a delincuentes ofreciendo beneficios judiciales falsos, red en la que aparece mencionado Daniel Peñaronda Gómez, socio directo del mandatario electo.
Ante este panorama, la oposición calificó las acciones de De la Espriella como una clara predisposición a «entregar la seguridad nacional y la soberanía judicial» a manos extranjeras. Muestra de ello, aseguran, es el anuncio unilateral de anexar a Colombia al programa denominado Escudo de las Américas, una iniciativa militar supuestamente inconsulta con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que alinearía al ejército nacional bajo mandatos geoestratégicos de Washington.
A estas tensiones se añade la presunta confección y envío de listados de ciudadanos colombianos hacia el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ser investigados, un hecho que la oposición interpreta como una burla directa al imperio de la ley colombiana y a sus propios tribunales. En este sentido, se formuló un llamado urgente a las altas cortes y a sus magistrados para pronunciarse de manera contundente en defensa de la soberanía judicial del país.
Condiciones para la posesión y el camino de la resistencia pacífica
Hacia el cierre del pronunciamiento, la oposición, liderada por el candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en los comicios del pasado 21 de junio, anunció que la próxima posesión presidencial estará viciada de ilegalidad e ilegitimidad a menos que se cumplan cuatro exigencias perentorias. Primero, que Abelardo de la Espriella renuncie formalmente a la nacionalidad estadounidense y aclare su estatus ante las agencias de inteligencia de dicho país; segundo, el respeto irrestricto a la soberanía nacional; tercero, el cese de lo que denominaron la persecución contra el actual mandatario, Gustavo Petro Urrego, a quien De la Espriella supuestamente pretende extraditar; y cuarto, frenar la judicialización de los opositores políticos locales.
De no cumplirse estas garantías elementales de legalidad, la oposición instó a sus millones de electores a adoptar el mecanismo de la desobediencia civil pacífica, el cual consistirá en el desconocimiento abierto de cualquier orden, disposición o mandato que emane del nuevo gobierno. Basados en la doctrina de la resistencia ética, afirmaron que cuando las instituciones entran en conflicto con la conciencia moral, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de no colaborar con lo que consideran una opresión a la dignidad patria.
