La situación jurídica del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, se complica tras una nueva determinación de los tribunales de Medellín. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Medellín ordenó la apertura de un incidente de desacato contra el alto funcionario y otros directivos de la entidad, debido al presunto incumplimiento sistemático de las medidas de seguridad ordenadas para el activista político Santiago Alvarán Mejía.
De acuerdo con el despacho judicial, la entidad no habría acatado integralmente una tutela fallada el pasado 13 de marzo de 2026, la cual fue posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La justicia determinó que la UNP no cumplió “a cabalidad” con la protección requerida para salvaguardar la vida del activista, quien ha denunciado graves amenazas en el ejercicio de su labor social independiente.
Fallas en la evaluación de riesgo y medidas insuficientes
El proceso judicial también vincula formalmente a Nelson Rolando Russi Beltrán, director de Evaluación de Riesgo, y a Miguel Ángel Quiroga Ruiz, director de Protección de la UNP. La controversia central radica en que, a pesar de existir órdenes judiciales previas, el activista asegura que aún no cuenta con un esquema de seguridad pleno que responda a su situación de vulnerabilidad.
El fallo resalta que la UNP omitió realizar un estudio “concienzudo” sobre el nivel de riesgo de Alvarán, ignorando pruebas sobre hechos de violencia, tentativa de homicidio y secuestro extorsivo que el activista ha denunciado. Según el documento conocido por La FM, la propia entidad reconoció haber incurrido en fallas al calificar inicialmente la situación del activista como “riesgo ordinario”, a pesar de los constantes atentados y desplazamientos forzados que ha sufrido en territorios controlados por grupos armados ilegales.
Incluso, la entidad llegó a retirar de forma provisional un chaleco blindado que le había sido asignado, medida que tuvo que ser restablecida temporalmente tras los recursos legales interpuestos por el afectado. En declaraciones a medios, Alvarán explicó que el juez no aceptó las justificaciones de la entidad: «El análisis del riesgo que me hicieron hoy, producto a que ellos mismos aceptaron que en el análisis que me habían realizado habían fallado».
Posibles sanciones de arresto y multas económicas
El incidente de desacato es un mecanismo judicial estricto que busca forzar el cumplimiento de una orden de tutela. El despacho ha otorgado un plazo de tres días hábiles para que los funcionarios presenten sus pruebas de descargo y expliquen por qué no se han implementado las medidas efectivas de protección.
En caso de que el juzgado determine que el desacato persiste y no hay una justificación válida, los implicados podrían enfrentar consecuencias severas. Santiago Alvarán advirtió que la normativa contempla desde multas económicas hasta la privación de la libertad.
“Hay una pena privativa de la libertad de por medio y se puede incrementar la sanción inicial… hasta que el fallo judicial sea cumplido por la Unidad Nacional de Protección porque es un fallo constitucional”, puntualizó el activista.
Aunque la UNP sostiene que ha adelantado los estudios técnicos correspondientes, el juez fue enfático al señalar que el cumplimiento no ha sido material ni efectivo, dejando al activista en una situación de indefensión mientras se resuelve el fondo de la protección estatal.
