En una reciente diligencia judicial que pone de manifiesto la profunda crisis del sistema penitenciario y carcelario en el oriente colombiano, la Corte Constitucional realizó una inspección técnica en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga. Los hallazgos de los magistrados y delegados del alto tribunal han generado una profunda preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades locales, al evidenciarse condiciones que superan cualquier estándar de dignidad humana.
Durante la visita de verificación, los delegados de la Corte constataron que en las instalaciones de la mencionada estación permanecen bajo custodia un total de 154 personas privadas de la libertad. Esta cifra resulta alarmante y desproporcionada si se tiene en cuenta que la capacidad máxima diseñada para este centro de detención transitoria es de apenas 20 cupos. Lo anterior representa un índice de hacinamiento que supera el 770%, una situación que desborda la capacidad operativa de la Policía Nacional y pone en riesgo la integridad tanto de los detenidos como del personal uniformado.
Una infraestructura colapsada por la sobrepoblación
La situación en la Estación Norte no es un caso aislado, pero sí uno de los más críticos detectados en el departamento de Santander. La inspección permitió verificar que los espacios destinados para el descanso y el aseo personal de los detenidos son insuficientes. Al haber multiplicado por siete la ocupación permitida, los internos se ven obligados a permanecer en condiciones de extrema proximidad, lo que dificulta la ventilación, el acceso a servicios de salud y el cumplimiento de las garantías mínimas procesales.
El origen de esta problemática radica en que las estaciones de policía, por definición, son centros de paso donde una persona no debería permanecer más de 36 horas antes de ser trasladada a un centro carcelario formal administrado por el INPEC o de que se resuelva su situación jurídica. Sin embargo, la realidad en Bucaramanga muestra que muchos de estos 154 individuos llevan semanas, e incluso meses, esperando un cupo en cárceles como Palogordo o Modelo, las cuales también enfrentan sus propios desafíos de cupos y logística.
La diligencia judicial no solo se limitó a contar a los internos. Los magistrados evaluaron las actas de alimentación, los registros médicos y las denuncias sobre el trato recibido. El hacinamiento crítico se traduce en un efecto dominó que afecta la alimentación —pues las cocinas y servicios de entrega no están dimensionados para tal volumen de personas— y la higiene, incrementando el riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas en un entorno cerrado y húmedo.
El llamado a la acción para las autoridades locales y nacionales
La presencia de la Corte Constitucional en el terreno es un mensaje directo a la Alcaldía de Bucaramanga y al Gobierno Nacional sobre la necesidad urgente de implementar soluciones estructurales. Según fuentes cercanas al proceso, la inspección busca recopilar pruebas para presionar el cumplimiento de sentencias previas que declaran el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario de Colombia.
Expertos en seguridad ciudadana señalan que el problema se ha agravado debido al aumento de las capturas en flagrancia y la ofensiva contra el microtráfico en la zona norte de la ciudad. Aunque la operatividad de la Policía Nacional es efectiva en términos de arrestos, el sistema de justicia y el sistema penitenciario no avanzan a la misma velocidad, generando un «cuello de botella» donde los calabozos de las estaciones se convierten en prisiones permanentes sin contar con la infraestructura para ello.
Desde la administración municipal se ha mencionado anteriormente la posibilidad de adecuar nuevos espacios o fortalecer los convenios con el INPEC, pero la realidad observada por la Corte indica que los esfuerzos han sido insuficientes hasta la fecha. El hacinamiento del 770% es un recordatorio de que la seguridad no termina con la captura, sino que requiere una gestión integral de la población reclusa que respete los derechos fundamentales.
Implicaciones jurídicas de la inspección
Los resultados de esta visita en Bucaramanga serán fundamentales para que la Corte emita nuevas órdenes o realice un seguimiento estricto a las ya existentes. La falta de espacio en la Estación Norte no solo es una cifra estadística; es una violación sistemática de los derechos de 154 ciudadanos que, independientemente de los delitos por los que se les investigue, deben permanecer en condiciones que no constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional emita un informe detallado con requerimientos específicos para la Dirección de la Policía y el Ministerio de Justicia. Mientras tanto, la Estación Norte sigue operando bajo una presión insostenible, con una población reclusa que sobrepasa siete veces su capacidad oficial, aguardando una respuesta que alivie la tensión en este punto neurálgico de la capital santandereana.
