La Superintendencia de Transporte (Supertransporte) abrió una investigación formal contra 37 organismos de tránsito en el país debido a presuntas irregularidades en la operación de sus sistemas de fotodetección. El proceso administrativo pone bajo examen un total de 7,5 millones de comparendos impuestos a los ciudadanos. De confirmarse las anomalías técnicas y legales, cerca de 5,8 millones de sanciones económicas quedarán sin validez, obligando a las autoridades locales a revocar los cobros vigentes.
Además del impacto en los registros de deudas de los conductores, la indagación arrojó que 1.582.398 comparendos ya fueron cancelados por los presuntos infractores. Esto representa un recaudo que supera los $1,05 billones de pesos, recursos que tendrían que ser devueltos a los ciudadanos. Paralelamente, los municipios implicados arriesgan sanciones administrativas concurrentes que duplicarían el valor de lo percibido, lo que podría elevar las multas globales por encima de los $2,1 billones de pesos.
Las ciudades con mayores afectaciones
El informe presentado detalla que las supuestas irregularidades se concentran en faltas a los requisitos técnicos obligatorios para la detección electrónica de infracciones, cometidas principalmente entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024. De acuerdo con las indagaciones de los entes reguladores, las cámaras operaron en múltiples jurisdicciones sin contar con la debida señalización previa, carecían de los permisos de ubicación autorizados por el Ministerio de Transporte, o no disponían de la calibración técnica requerida por la normativa vigente.
Las autoridades advirtieron que los sistemas automáticos «no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley» y recalcaron el deber de proteger el debido proceso de los conductores. Dentro del mapa de las regiones evaluadas, tres ciudades concentran el mayor volumen de comparendos emitidos de forma presuntamente irregular:
- Cali: Lidera el listado nacional con un total de 2,7 millones de comparendos bajo investigación.
- Medellín: Registra 717 mil comparendos examinados por la Supertransporte. Ante esta situación, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, manifestó que, si bien la administración local no ha sido formalmente notificada del pliego de cargos, se adelantarán revisiones rigurosas internas, enfatizando que «ningún procedimiento de cobro puede ser irregular».
- Barrancabermeja: Cuenta con un estimado superior a las 130 mil fotomultas que podrían ser declaradas sin efecto legal directo.
El camino jurídico para recuperar el dinero pagado
Ante el anuncio del pliego de cargos emitido por el Gobierno Nacional, se ha abierto el debate sobre los mecanismos que deben seguir las personas afectadas para solicitar el reembolso de su dinero o la eliminación de la deuda en las plataformas integradas de tránsito. Expertos en derecho vial aclaran que la nulidad de las fotomultas no operará de forma masiva o automática de la noche a la mañana, sino que requerirá de una serie de pasos formales por parte de los titulares de los vehículos.
Para aquellos usuarios que registren comparendos vigentes y aún no hayan efectuado el pago, el procedimiento inicial consiste en radicar un derecho de petición ante el organismo de tránsito correspondiente que emitió la sanción. En este documento se debe invocar formalmente la violación al debido proceso, fundamentándose en los fallos y hallazgos técnicos de la Supertransporte sobre la ilegalidad de los dispositivos en las fechas del suceso. Por ley, las oficinas de tránsito locales disponen de un término de 15 días hábiles para dar una respuesta formal a la solicitud del ciudadano.
En el escenario en que el ciudadano ya haya desembolsado el dinero de la infracción, la ruta administrativa se torna más compleja. Los afectados deberán acudir a las vías judiciales para interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Este proceso busca que un juez de la República deje sin efectos el acto administrativo de la sanción y ordene de manera explícita la devolución de los dineros indexados.
Los juristas advierten que estos litigios contra el Estado suelen tomar un tiempo considerable en resolverse, estimando que un fallo definitivo de devolución podría demorarse entre un año y medio y dos años, dependiendo de la congestión de los juzgados administrativos de cada municipio. Con la apertura de estas investigaciones, se espera que los 37 organismos de tránsito presenten sus descargos técnicos ante la Supertransporte para determinar el futuro fiscal de los millonarios recursos recaudados.
