Hay políticos que confunden la soberbia con la inteligencia, y la verborrea de WhatsApp con la contundencia de los estrados judiciales. Ese parece ser el caso del exalcalde de Santa Rosa de Cabal, José Rodrigo Toro Montes, un hombre que, tras fracasar estrepitosamente en su intento por llegar a la Cámara de Representantes, hoy acumula derrotas no solo en las urnas, sino también en los despachos de los jueces constitucionales que tanto alardea conocer.
En enero de 2026, cuando revelé en El Expreso las posibles irregularidades sobre la compra de un lote de $1.500 millones para damnificados —un predio con presuntos sobrecostos—, la respuesta de Toro, envalentonado y escudado tras la pantalla de su celular, fue la intimidación pura y dura. Me escribió afirmando que yo andaba «reciclando fakenews» y que tendría que «demostrar ante los jueces de tutela» mis señalamientos. Días después, su soberbia escaló a niveles irrisorios y afirmó: «Le gusta vivir de tutela en tutela, no hay lío; para eso estudié Derecho y disfruto mucho cuando personajes como usted tienen que salir a retractarse».
Pues bien, el autonombrado «estudioso del derecho» resultó ser un demandante precoz y errático. El Tribunal Superior de Pereira, en fallo de segunda instancia del 20 de abril de 2026, desestimó su afán de silenciar a la prensa y declaró improcedente su tutela. ¿La razón? El señor Toro fue tan apresurado por censurarnos que interpuso la tutela apenas seis días después de pedir la rectificación, ignorando olímpicamente que la ley nos otorgaba quince días para responderle. Un error de principiante que el Tribunal no le perdonó, confirmando que nuestro trabajo investigativo y periodístico goza de total legitimidad.
Pero la ironía de esta historia no termina ahí. Toro presumía de un «Álvaro» que supuestamente perdería tutelas y tendría que retractarse. Seguramente hablaba de otro Álvaro en su imaginación, porque en la realidad jurídica, el que sale con comentarios infundados, habla con afán de hacer caer en error, pierde tutelas y es obligado por los jueces a retractarse es él mismo. El pasado 19 de marzo de 2026, mediante sentencia, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira falló a mi favor y le ordenó a Rodrigo Toro rectificar las afirmaciones falsas, inexactas y malintencionadas que hizo en sus redes sociales sobre la propiedad de El Expreso y sobre supuestos contratos millonarios a título personal. El juez fue claro: Toro difundió información no verificable con el potencial de afectar mi buen nombre y, por ende, lo obligó a corregir sus difamaciones públicamente.
Este patrón de difamación y altanería es su verdadero modus operandi. Cuando se queda sin argumentos técnicos frente a sus críticos, ataca. Así lo hizo también con el ciudadano y columnista Hernán Augusto Tena Cortés, a quien Toro acusó sin pruebas de pedirle contratos burocráticos para su familia. En los chats de WhatsApp, Toro despidió a Tena con una arrogancia diciente: «Sigue destilando odio desde tu fría madriguera en Europa (…) Adiós por ahora, que tengo cosas que hacer que SÍ le sirven a esta sociedad desigual».
Esa altivez le duró muy poco. El 17 de abril de 2026, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira le propinó otra derrota y tuteló los derechos al buen nombre de Tena, ordenándole a Toro eliminar los comentarios lesivos y publicar una rectificación expresa reconociendo que sus aseveraciones de que Tena «pidió tres contratos» carecían de todo sustento. Otra caída monumental para el pobre político.
Hoy, el panorama de José Rodrigo Toro es el de un exmandatario que se quemó en las elecciones y quedó como un perdedor habitual en los estrados judiciales. No gana una sola batalla legal de las que emprende para silenciar a quienes lo cuestionan, y solo le queda arrimarse a cualquier controversia para buscar, con desesperación, una vigencia que el pueblo le negó. Despotrica sin fundamentos, usa la falsedad en sus redes sociales y luego huye de las consecuencias legales, pues su evidente terquedad y negativa a acatar los fallos que lo obligan a rectificar lo tienen a un paso de caer en desacato.
Toro «el precoz», el que aseguraba haber estudiado Derecho para obligar a otros a retractarse, terminó siendo el cliente principal de sus propias rectificaciones. La justicia y el periodismo independiente le han dado una lección de realidad que su soberbia aún se niega a procesar.
