Las protestas por el aumento del impuesto predial se intensifican en Santander y comienzan a extenderse a diferentes regiones del país, en medio de un creciente rechazo de campesinos y propietarios rurales que consideran desproporcionados los nuevos cobros derivados de la actualización catastral.
Uno de los focos principales de la movilización se registra en el municipio de Lebrija, donde habitantes de al menos 16 veredas mantienen bloqueada la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja. La situación ha generado afectaciones directas en la movilidad, especialmente en el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro, obligando a varios viajeros a modificar sus desplazamientos para no perder sus vuelos.
La inconformidad se origina en los incrementos del impuesto predial tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Según los manifestantes, en algunos casos los aumentos alcanzan hasta el 300 %, e incluso cifras superiores según denuncias locales, lo que ha impactado directamente la economía de familias que dependen de la actividad agrícola y ganadera.
Los campesinos aseguran que los nuevos avalúos no corresponden a la realidad del territorio. Señalan que sus predios siguen siendo rurales, con condiciones productivas limitadas, pero están siendo gravados como si tuvieran características urbanas, lo que hace que los cobros resulten, en muchos casos, imposibles de asumir.
El descontento no se limita a Lebrija. Las protestas se han extendido a otros municipios de Santander como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y el sector del Páramo de Berlín. A nivel nacional, también se reportan manifestaciones en Cundinamarca, Antioquia, Casanare y el Quindío, lo que evidencia un malestar creciente frente a la política catastral en distintas zonas del país.
Además del impacto en la movilidad, los bloqueos han encendido alertas sobre posibles consecuencias económicas. Los manifestantes advierten que el aumento del predial no solo afecta a los propietarios, sino que pone en riesgo la producción agrícola y el sustento de miles de familias rurales, lo que podría tener efectos en la seguridad alimentaria.
Frente a este panorama, los campesinos exigen al Gobierno Nacional y a las autoridades locales una revisión urgente de los avalúos catastrales y la implementación de medidas que ajusten los cobros a la capacidad económica del sector rural. Mientras avanzan intentos de mediación por parte de las autoridades, las protestas continúan y podrían intensificarse si no se logra una respuesta concreta a las demandas.
