La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez, por un presunto abuso de funciones relacionado con ofrecimientos de beneficios judiciales en medio de contactos con el entorno de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.
De acuerdo con el órgano de control, los hechos se habrían presentado durante dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025 con el abogado Luis Felipe Ramírez, quien representa al señalado contrabandista. En esos encuentros, Lemus, en su calidad de director de la DNI, habría planteado posibles beneficios judiciales en el marco de la política de “paz total”, con el propósito de facilitar la entrega del llamado “zar del contrabando” a las autoridades colombianas.
La Procuraduría advirtió que este tipo de ofrecimientos no hacen parte de las competencias del director de Inteligencia, ya que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales. Por ello, la investigación busca establecer si el exfuncionario excedió sus funciones y comprometió los principios que rigen el ejercicio de la función pública.
Según lo conocido, durante las reuniones el abogado de Marín Buitrago habría manifestado que su cliente contaba con información que podría comprometer a miembros del Gobierno y a personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Este elemento también forma parte del análisis que adelanta el ente disciplinario dentro del proceso.
Como parte de las pruebas, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía General de la Nación información sobre posibles investigaciones relacionadas con audios de dichos encuentros que han sido revelados públicamente. Además, ordenó inspecciones en la sede de la DNI y en el Departamento Administrativo de la Presidencia para verificar si existieron autorizaciones o instrucciones para adelantar acercamientos con el investigado.
Frente a los señalamientos, Jorge Lemus ha negado haber ofrecido beneficios judiciales. En declaraciones públicas, aseguró que su actuación se limitó a sugerir que Marín Buitrago se presentara ante la Fiscalía para definir su situación jurídica, insistiendo en que cualquier decisión sobre eventuales beneficios corresponde exclusivamente a esa entidad.
La apertura de esta investigación marca un nuevo capítulo en el caso y pone bajo escrutinio la actuación de un exfuncionario que ocupó uno de los cargos más sensibles del Estado. Será la Procuraduría la encargada de determinar si hubo extralimitación de funciones o irregularidades en estos acercamientos, en un contexto que mezcla asuntos judiciales, inteligencia y política pública.
