El Gobierno nacional anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango por presuntas afectaciones ambientales durante su operación, particularmente en medio de recientes condiciones climáticas. La decisión fue confirmada por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien advirtió que se trata de una investigación formal que seguirá el curso establecido por la ley.
Según explicó la funcionaria, la medida responde a posibles irregularidades detectadas en la gestión del embalse, que habrían tenido impacto en el entorno natural. En ese sentido, señaló que Hidroituango es, incluso, “tal vez, el proyecto más sancionado en la última década”, en referencia al historial de procesos relacionados con su operación.
Uno de los principales puntos bajo análisis es el manejo del caudal liberado aguas abajo. De acuerdo con la ministra, existirían fallas en el control de este flujo, lo que podría haber generado afectaciones en la ribera del río Aguasabá y en los ecosistemas asociados a este afluente.
A esto se suma una presunta descoordinación entre el caudal que ingresa al embalse y el que es liberado posteriormente, lo cual contravendría las reglas de operación establecidas para la represa. Estas disposiciones buscan mantener un equilibrio hídrico que reduzca riesgos ambientales y garantice la estabilidad del sistema.
Otro de los elementos clave de la investigación está relacionado con el nivel del embalse. La cartera ambiental advirtió que, durante el último año, se habría superado la cota máxima permitida —establecida en 408— alcanzando niveles de hasta 409 sin que, presuntamente, se cumpliera con los procesos de aprovechamiento forestal requeridos.
Esta situación habría derivado en la inundación de cerca de 600 hectáreas de vegetación, con posibles impactos sobre la fauna del área. Para el Ministerio de Ambiente, este aspecto reviste especial relevancia por las implicaciones directas sobre los ecosistemas intervenidos.
La ministra Vélez también enfatizó que la apertura de este proceso no responde a motivaciones personales ni a coyunturas políticas. Esto, luego de que recientemente la Procuraduría anunciara una investigación en su contra por presuntas fallas en el control de otro proyecto hidroeléctrico, el embalse de Urrá.
En ese contexto, la funcionaria sostuvo que el procedimiento hace parte de las funciones de control de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que se trata de un proceso técnico y prolongado, orientado a establecer si existieron incumplimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.
