El Gobierno nacional activó alertas de seguridad en 108 municipios del país de cara a las elecciones legislativas y las consultas presidenciales previstas para el próximo 8 de marzo. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras la última reunión de seguimiento a las garantías electorales.
Según explicó el funcionario, las alertas se definieron a partir de información de la Defensoría del Pueblo, cruzada con un análisis de la Policía Nacional, que aplicó 39 variables para establecer cuáles territorios presentan mayores riesgos. “Son 108 municipios”, precisó el ministro al detallar el alcance del monitoreo.
De acuerdo con el balance oficial, buena parte de los municipios priorizados están ubicados en zonas con presencia de economías ilegales, especialmente en regiones donde se cultiva y produce coca. Entre los puntos mencionados se encuentran el Catatumbo, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y el Magdalena Medio, con énfasis en el sur de Bolívar.
El jefe de la cartera política indicó que estas alertas hacen parte del monitoreo permanente que adelanta el Ejecutivo para blindar la jornada electoral. Además, anunció que a partir del 6 de marzo se instalará un Puesto de Mando Unificado con el fin de reforzar la coordinación institucional antes y durante las votaciones.
En materia de protección a candidatos, Benedetti informó que 64 aspirantes presidenciales cuentan con esquemas de seguridad. El despliegue incluye cerca de 400 vehículos blindados y el acompañamiento a casi 4.000 eventos de campaña en todo el país, con la movilización de al menos 44.000 integrantes de la Fuerza Pública.
El ministro agregó que las medidas también cobijan a los aspirantes al Congreso y a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Según detalló, se ha prestado seguridad a cerca de 400 candidatos al Legislativo y a más de 60 de las circunscripciones de paz.
Frente a posibles amenazas específicas, el funcionario señaló que el monitoreo ha identificado alertas manejadas bajo inteligencia, especialmente por parte de la Policía Nacional. Indicó que en tres o cuatro casos el propio presidente, Gustavo Petro, asumió directamente la situación y dio instrucciones.
El Gobierno reiteró que el objetivo es garantizar la integridad de los candidatos y el normal desarrollo de la jornada del 8 de marzo, en un contexto de riesgos focalizados en regiones históricamente afectadas por la presencia de actores armados y economías ilícitas.
