La propuesta del Gobierno Nacional de crear un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, en el marco de una nueva declaratoria de emergencia económica, abrió un debate jurídico y económico sobre su viabilidad, su impacto en la inversión y la oportunidad real del recaudo para atender la emergencia invernal que afecta a Córdoba y otras regiones del país.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante un consejo de ministros en Montería. Según explicó, el tributo se aplicaría a empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT —equivalentes a poco más de 10.000 millones de pesos— con una tarifa marginal del 0,6 % hasta los 600.000 UVT, y del 1,2 % para patrimonios que superen ese umbral. De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida impactaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría un recaudo cercano a los 8 billones de pesos.
El presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa como un instrumento excepcional dentro de los estados de emergencia y aseguró que no afectará a microempresarios. El Gobierno también evalúa medidas complementarias como ajustes tributarios a los juegos de azar e instrumentos de inversión forzosa para canalizar recursos a la recuperación de las zonas afectadas.
Sin embargo, expertos en materia tributaria han advertido vacíos técnicos y riesgos legales. Christian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, señaló que la figura podría enfrentar cuestionamientos constitucionales, especialmente si no se justifica plenamente la necesidad de una nueva emergencia económica. Además, advirtió sobre el riesgo de doble tributación, al considerar que el patrimonio empresarial corresponde en última instancia al de sus socios, quienes ya pueden estar sujetos a este tipo de gravamen.
Desde el sector gremial también se han expresado preocupaciones. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó la propuesta como un “impuesto a la inversión” y sostuvo que gravar el capital empresarial podría afectar la capacidad de expansión, generación de empleo y competitividad del país. En una línea similar, José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que este tipo de tributos es poco común a nivel internacional y podría restar atractivo a Colombia como destino de inversión.
Más allá del debate estructural, analistas también cuestionan la oportunidad del recaudo. Dado que el diseño del impuesto aún está en construcción y dependerá de la expedición de decretos reglamentarios, existe incertidumbre sobre la rapidez con la que los recursos podrían estar disponibles para atender la emergencia.
La iniciativa se produce en un contexto fiscal complejo. El Gobierno ha señalado que, tras el hundimiento de la ley de financiamiento y la suspensión provisional del decreto de emergencia expedido en diciembre, se incrementó la presión sobre las cuentas públicas. En ese escenario, el nuevo impuesto al patrimonio surge como una herramienta extraordinaria para obtener recursos adicionales.
Mientras se conoce el texto oficial del decreto, el debate continúa entre la necesidad inmediata de financiación para enfrentar la crisis invernal y los efectos económicos y jurídicos de una medida que podría redefinir el panorama tributario empresarial en el país.
