Tras la decisión de la Corte Constitucional de aplazar el estudio del decreto de emergencia económica, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció acciones jurídicas contra la medida adoptada por el Gobierno nacional.
La Sala Plena del alto tribunal determinó que el control automático del decreto se realizará una vez finalice la vacancia judicial, es decir, a partir del próximo 13 de enero. Mientras tanto, el decreto continuará vigente.
Acción jurídica del Centro Democrático
Desde el partido Centro Democrático se confirmó que se interpondrá una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica por un periodo de 30 días.
El anuncio fue hecho por el expresidente Uribe a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la tutela será presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. Según explicó, se trata del “único recurso inmediato” disponible mientras la Corte Constitucional asume formalmente el estudio del decreto.
Críticas a la declaratoria de emergencia
Uribe aseguró que, durante el tiempo en que la Corte no ejerza el control constitucional, el Gobierno estaría adoptando medidas que afectan directamente a los ciudadanos. En su pronunciamiento calificó la declaratoria como un “nuevo abuso” y reiteró sus cuestionamientos sobre la legalidad de la medida.
Estas críticas se suman a las de distintos sectores políticos y jurídicos que han manifestado preocupación por la utilización de la figura de emergencia económica, al considerar que no existirían los presupuestos constitucionales exigidos para su aplicación.
Postura de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional informó que el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de las medidas que se expidan bajo su amparo se realizará una vez se reanude la actividad judicial tras la vacancia.
El alto tribunal recordó que los estados de excepción están regulados por los artículos 212 a 215 de la Constitución y por la Ley Estatutaria 137 de 1994, normas que establecen el control automático de constitucionalidad a cargo de la Corte, incluso cuando las declaratorias se expiden durante periodos de receso judicial.
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