El Gobierno Petro oficializó la decisión de no extender las curules exFarc en el Congreso de Colombia, cumpliendo así con lo establecido en el acuerdo de paz de 2016. Según lo pactado, el partido surgido tras la desmovilización de las FARC—hoy llamado Partido Comunes—contaría con representación directa en el Legislativo durante dos periodos constitucionales. Esos ocho años concluyen con la actual legislatura.
Mediante dos decretos firmados por el Ejecutivo, se confirma que los excombatientes deberán buscar su espacio en el Congreso a través de las elecciones de 2026, en igualdad de condiciones con los demás partidos políticos. La medida marca el cierre de un ciclo político que se inició con la implementación de los acuerdos en el gobierno de Juan Manuel Santos y que ha sido objeto de debate desde distintos sectores políticos y sociales.
El Partido Comunes enfrenta un nuevo escenario político
El fin de las curules transitorias representa un giro en la participación política de los firmantes del acuerdo de paz. Desde su creación, el Partido Comunes ha enfrentado críticas por su bajo impacto legislativo, las divisiones internas y la escasa conexión con una base electoral amplia. Ahora, sin el respaldo directo del acuerdo, deberá demostrar su capacidad para sostenerse en la arena electoral bajo las reglas del juego democrático tradicional.
Actualmente, los integrantes del partido cuentan con representación en el Senado y la Cámara, lo que les ha permitido hacer parte de debates clave como la reforma agraria, la implementación del punto de justicia transicional y el seguimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin embargo, con esta nueva decisión del Gobierno, deberán construir candidaturas sólidas que conecten con el electorado nacional para mantener su presencia en el Congreso.
¿Qué implica la salida de Comunes del Congreso sin curules garantizadas?
Desde la firma del acuerdo de paz, las curules exFarc fueron concebidas como un mecanismo para facilitar la transición de las armas a la política. Aunque polémicas, permitieron que los antiguos comandantes y militantes de las FARC participaran activamente del debate legislativo. Ahora, su eliminación abre interrogantes sobre el futuro de la reincorporación política y los retos en la consolidación de la paz.
El Gobierno ha subrayado que esta decisión no representa un incumplimiento, sino el cumplimiento estricto del calendario pactado en La Habana. No obstante, algunos sectores temen que el cierre de esta etapa pueda generar un debilitamiento en la implementación integral del acuerdo y aumentar la desconexión entre el Estado y las bases que aún esperan mayores garantías.
Además, la salida de los exFarc del Legislativo sin un mecanismo de transición podría impactar negativamente el seguimiento institucional de los compromisos firmados, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
