Un escándalo protagonizado por un excapitán de la Policía Nacional en Pereira ha generado fuertes reacciones entre la opinión pública y las autoridades regionales. El oficial fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer funciones públicas, luego de haber sido sorprendido en un acto de hurto dentro de un reconocido supermercado de la capital risaraldense.
Según lo confirmado por la Procuraduría General de la Nación, la falta no solo involucró el robo de productos —un hecho que por sí solo constituye un delito—, sino que también se sumó a su ausencia injustificada del servicio durante los meses de mayo y junio de 2024. La entidad calificó su comportamiento como una falta gravísima cometida con dolo, lo cual tuvo un peso determinante en la sanción impuesta.
El caso: una conducta impropia y reiterada
El proceso disciplinario permitió establecer que el entonces capitán, quien hacía parte activa de la fuerza pública en Risaralda, sustrajo varios productos del supermercado sin pagarlos. Aunque los detalles exactos del monto o los objetos no han sido divulgados públicamente, el incidente fue considerado lo suficientemente grave como para ameritar una sanción ejemplarizante.
Además del hurto, se comprobó que el oficial se ausentó de su puesto de trabajo durante varias semanas sin justificación válida, lo que agrava la falta al comprometer la operatividad de la institución en un contexto de creciente inseguridad en varias zonas del departamento.
Esta situación no solo afecta la confianza ciudadana en las instituciones policiales, sino que también pone en evidencia los retos que enfrenta la Policía Nacional en términos de control interno, ética profesional y selección de personal.
La respuesta institucional y el impacto social
La Procuraduría, en línea con su función de vigilancia y control disciplinario, aseguró que el oficial incurrió en una conducta que violó los principios de la función pública, especialmente los relacionados con la transparencia, la rectitud y la responsabilidad institucional. De ahí que la sanción impuesta no solo contemple su retiro inmediato, sino también la inhabilidad por dos décadas, lo cual cierra cualquier posibilidad de reincorporación a cargos del Estado durante ese periodo.
Este tipo de decisiones disciplinarias están fundamentadas en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), la cual regula el comportamiento de los servidores públicos en Colombia. En este caso, se activaron los mecanismos más severos previstos por la norma, debido a que el comportamiento del excapitán fue considerado atentatorio contra el interés general.
Para organizaciones de derechos civiles y veedurías ciudadanas en Pereira, este hecho vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia interna en los cuerpos policiales. La corrupción en la Policía no solo compromete casos individuales, sino que mina la legitimidad de toda la estructura institucional ante los ciudadanos.
