La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó la demanda de pérdida de investidura presentada por el sindicato Sinsergen, conformado por trabajadores del Ministerio de Defensa, contra el senador Miguel Uribe Turbay. El alto tribunal concluyó que la acción no cumplía con los requisitos legales establecidos, y por tanto, decidió inadmitirla. La determinación fue firmada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
La decisión llega en un momento especialmente delicado, ya que Uribe Turbay se encuentra luchando por su vida tras haber sido víctima de un grave ataque sicarial en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Precisamente, el acto que originó la controversia fue su presencia en un evento público en ese sector, donde ocurrió el atentado.
Alegaciones del sindicato y contexto del atentado
En la acción judicial, Sinsergen argumentaba que Uribe había incurrido en participación indebida en política, lo que justificaría una eventual pérdida de su investidura como congresista. El sindicato sostuvo que la presencia del senador en el evento en Fontibón tenía fines políticos, y que por ello habría violado las restricciones que rigen la conducta de los legisladores frente a actos proselitistas.
Lo más llamativo del texto de la demanda es que el sindicato no solo denunció una supuesta irregularidad política, sino que hizo énfasis en las consecuencias trágicas del acto. “Más aún de que por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo”, señala el documento.
El intento de asesinato contra Miguel Uribe ocurrió durante su participación en el evento señalado, donde fue atacado por un menor de edad que, según las autoridades, habría actuado con intención de asesinarlo. Desde entonces, el estado de salud del senador ha sido motivo de atención nacional, mientras se mantiene en condición crítica.
El fallo del Consejo y sus implicaciones jurídicas
El Consejo de Estado, en su análisis, determinó que la demanda no cumplía con los requisitos formales establecidos en la normativa colombiana para este tipo de procesos. Al no haber claridad suficiente ni fundamentos jurídicos sólidos que sustenten las acusaciones, el alto tribunal optó por inadmitir la demanda, cerrando así la puerta a un eventual juicio de pérdida de investidura.
Este tipo de fallos no solo responden a aspectos de forma, sino que reflejan la responsabilidad del sistema judicial en proteger el debido proceso y evitar el uso de mecanismos judiciales para fines ajenos a lo estrictamente legal. En este caso, la actuación del Consejo evita que un proceso carente de fundamento formal afecte la dignidad política de un congresista, especialmente en una situación tan crítica como la que enfrenta Miguel Uribe Turbay.
Con esta decisión, se ratifica que la justicia electoral no puede ser usada como herramienta para perseguir políticamente a los legisladores sin una base jurídica clara y comprobada. El Consejo dejó en claro que, si bien la participación indebida en política es una falta grave, debe ser probada con rigurosidad para justificar medidas tan extremas como la pérdida de investidura.
