Durante un evento de gobierno realizado en La Alpujarra el pasado sábado 21 de junio, el presidente Gustavo Petro fue fuertemente criticado por permitir la presencia pública de presuntos cabecillas de bandas criminales en Medellín. La aparición de estos hombres en la tarima principal del acto, bajo el contexto de un encuentro por la paz urbana, generó una ola de cuestionamientos en redes sociales y en la opinión pública.
En su más reciente Consejo de Ministros, el mandatario abordó directamente la controversia. Lejos de retractarse, explicó que las personas que subieron al escenario no eran delincuentes activos, sino “personas en rehabilitación” que hacen parte de un proceso para convertirse en gestores de paz. Según Petro, estas acciones hacen parte del modelo de reconciliación que promueve su gobierno en territorios golpeados por la violencia.
La estrategia del perdón y la reintegración
La explicación del presidente se alinea con su línea política de buscar acuerdos con actores armados y criminales en el marco de la “paz total”. En sus declaraciones, Gustavo Petro aseguró que estos individuos “ya no están en guerra”, y que su participación en el acto en Medellín fue una señal de que están abandonando el delito. “No subí delincuentes a la tarima, subí personas que quieren dejar de serlo”, afirmó.
El jefe de Estado comparó este gesto con otros procesos de reconciliación del pasado, incluyendo la firma de acuerdos de paz y las amnistías otorgadas a excombatientes. “¿O es que cuando la prensa entrevista a exguerrilleros no están hablando con personas que también cometieron delitos?”, cuestionó Petro en su intervención, llamando la atención sobre los dobles estándares que, según él, se aplican a estas situaciones.
Reacciones divididas: entre el respaldo y la alarma
Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, organizaciones sociales y algunas voces del gobierno respaldaron la iniciativa, señalando que el reconocimiento público de quienes buscan reintegrarse es un paso necesario para consolidar la paz en las ciudades. “El simbolismo de ver a estos hombres en una tarima oficial puede ser más poderoso que mil discursos”, señaló un funcionario cercano al proceso.
Sin embargo, para otros sectores, la imagen de presuntos cabecillas de bandas del Valle de Aburrá en un acto presidencial resulta inaceptable. Críticos argumentan que este tipo de apariciones pueden normalizar la criminalidad o, peor aún, enviar un mensaje de impunidad a las víctimas del conflicto urbano. En redes sociales, muchos usuarios expresaron su desconcierto y calificaron la escena como una “afrenta” a quienes han sufrido la violencia de estas estructuras ilegales.
Además, se han elevado preocupaciones sobre la legalidad y los controles del programa de gestores de paz, ya que varios de los individuos señalados no tendrían procesos judiciales claros de desmovilización o rehabilitación avalados por entes estatales.
¿Cuáles son los límites del perdón en la política de paz?
El debate abierto por este evento plantea preguntas de fondo sobre la estrategia de paz urbana en Colombia. ¿Hasta qué punto debe un gobierno validar públicamente a exmiembros de grupos criminales? ¿Es correcto que estas personas tengan un papel visible en eventos oficiales, incluso sin haber culminado procesos judiciales?
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que no se trata de premiar el delito, sino de construir un camino que permita cerrar ciclos de violencia en territorios dominados por bandas criminales. No obstante, la controversia muestra que el país aún no ha resuelto el dilema ético y político de cómo integrar a estos actores a la vida civil sin romper la confianza en el Estado de Derecho.
Mientras el gobierno avanza en su agenda de paz total, Medellín vuelve a estar en el centro del debate nacional, no solo por sus retos de seguridad, sino por el tipo de apuestas que se están haciendo para superarlos. El caso de La Alpujarra podría marcar un precedente sobre cómo se ejecutan y comunican los esfuerzos de reconciliación en zonas urbanas.
