Este viernes 13 de junio, la Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una nueva causa penal contra el líder opositor Juan Guaidó, quien abandonó el país en 2023. Con esta, ya son 30 los procesos judiciales abiertos en su contra. La nueva investigación lo vincula directamente con el escándalo de corrupción internacional Venezuela conocido en España como el caso Koldo, que sacudió a figuras del gobierno del presidente Pedro Sánchez.
El fiscal general Tarek William Saab formalizó una orden de captura contra Juan Guaidó, sumando además una solicitud de alerta roja ante Interpol. Según el funcionario, existen pruebas que lo relacionan con una presunta trama para negociar de forma ilegítima activos del Estado venezolano, en particular recursos provenientes de la industria petrolera venezolana. Esta vez, el nombre de Guaidó aparece ligado a presuntas gestiones corruptas entre altos funcionarios españoles y representantes empresariales.
El escándalo cruzó el Atlántico: vínculos entre España y el entorno de Guaidó
La nueva acusación se apoya en la revelación de un audio del año 2019, publicado por varios medios españoles el mismo 13 de junio. En el registro se escucha al entonces ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, conversando con su asesor Koldo García. Ambos hablan de una posible comisión mensual de 500 mil euros si Ábalos lograba concretar una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Juan Guaidó, reconocido por ese entonces como presidente interino de Venezuela por varios países europeos.
Según estas informaciones, los pagos se gestionarían a través de una empresa petrolera venezolana, con el empresario Víctor de Aldama como intermediario. El caso forma parte de una investigación más amplia por contratos irregulares durante la pandemia, que ha salpicado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a su entorno.
El fiscal Saab sostuvo que este nuevo caso revela «una trama criminal transnacional, articulada por Juan Guaidó y actores políticos extranjeros». En sus palabras, el objetivo de esta red era «negociar ilegítimamente el patrimonio público nacional, específicamente los ingresos derivados de la industria petrolera venezolana, bajo control de empresas operadas por agentes designados ilegalmente durante su criminal gobierno ficticio».
Guaidó responde desde el exilio y niega las acusaciones
Consultado por W Radio, Juan Guaidó respondió con contundencia a las declaraciones del fiscal. En su declaración, desafió a Tarek William Saab: “Reto al delincuente de Tarek que, si tiene una acusación, la haga en un juzgado en Estados Unidos donde tiene jurisdicción CITGO”, en alusión a la filial de PDVSA en suelo estadounidense, uno de los activos más disputados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Además, se pronunció sobre los audios que revelan posibles acuerdos económicos por parte de funcionarios españoles con su entorno. “Esto explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima y por qué eligió acercarse a Maduro. No les interesaba la democracia en Venezuela. Lo que buscaban era un ‘pelotazo’. Y parece que con Delcy y la dictadura lo encontraron”.
La afirmación reaviva las críticas al gobierno español por su postura ambigua frente a la crisis venezolana. Guaidó sugiere que, más allá del discurso oficial, hubo intereses económicos detrás del distanciamiento entre su figura y el Ejecutivo español. La mención a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, recuerda otro polémico episodio: su reunión en 2020 en el aeropuerto de Barajas con Ábalos, que también generó controversia en su momento.
