La tarde del lunes 2 de junio la justicia de Guatemala solicitó la captura del embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, y de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presuntos vínculos con el escándalo de corrupción de Odebrecht. La solicitud incluye la activación de una circular roja de Interpol, intensificando así el alcance de la acusación.
Ambos funcionarios colombianos tienen un pasado común: fueron miembros clave de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad respaldada por la ONU que fue desmantelada en medio de polémicas y tensiones con el gobierno guatemalteco. El Ministerio Público de ese país ahora los señala por su presunta participación en una red de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión.
Un expediente que pone en entredicho a la CICIG
La acusación forma parte del expediente del caso denominado “Acuerdos Fraudulentos”, donde se alega que la estructura dirigida por Iván Velásquez, durante su gestión como comisionado de la CICIG, habría favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht, causando un perjuicio económico de más de 3 mil millones de quetzales al Estado guatemalteco.
La fiscal Camargo, actual jefa del Ministerio Público en Colombia, también ocupó un rol relevante en esa comisión, lo que ha generado interpretaciones políticas diversas sobre si esta acusación representa un ajuste de cuentas por parte del sistema judicial guatemalteco hacia antiguos funcionarios de la CICIG. Cabe mencionar que dicha comisión fue reconocida por su combate frontal contra redes de corrupción en Centroamérica, lo que le granjeó enemigos poderosos en sectores del poder.
Además de los nombres colombianos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, emitió órdenes de captura contra Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público, y Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala. Esta ofensiva incluye también a figuras clave como Luis David Gaitán Arana, también excomisionado de la CICIG, Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham), y a los exfiscales Ami Mayra Lissed Girón Rodas y Rudy Manolo Herrera Lemus.
“Estas personas pueden ser aprehendidas en cualquier país”, advirtió Curruchiche, subrayando el carácter internacional de las órdenes judiciales emitidas y su sustento en el derecho penal guatemalteco e instrumentos multilaterales como Interpol.
