Gustavo Petro ha vuelto a encender la polémica en Colombia con una acusación que ha sacudido el escenario político. Sin presentar pruebas concretas, el presidente denunció una supuesta conspiración en marcha para derrocarlo a través de un golpe de Estado. Esta no es la primera vez que el mandatario hace tales declaraciones, pero la situación actual, enmarcada en investigaciones por presunta financiación irregular de su campaña, añade una capa de tensión adicional.
Un contexto de tensión creciente
El presidente Petro ha mantenido, desde mayo de 2023, una narrativa de que su gobierno enfrenta un “golpe blando” o una “ruptura institucional”. Esta retórica ha resurgido en momentos donde se siente acorralado por revelaciones mediáticas o acciones judiciales que podrían comprometer su mandato. En este caso, la acusación de golpe de Estado surge en medio del estudio de una ponencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que investiga la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022.
Según informes recientes, el equipo de campaña de Petro habría ocultado más de $6.000 millones en sus cuentas y superado el límite de gasto permitido en más de $5.000 millones. Estas cifras han provocado críticas feroces, tanto de sus aliados como de sus opositores, exacerbando el ambiente de desconfianza que rodea a la administración actual.
Además, en la mañana del 1 de septiembre, el periodista Daniel Coronell publicó detalles de una factura que podría confirmar que la campaña de Petro superó los límites permitidos en la primera vuelta presidencial, lo que ha incrementado las sospechas de irregularidades. Esta factura, por un valor de $356 millones, fue expedida a nombre de Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol. La falta de reportes sobre este documento en los informes oficiales ha encendido aún más las alarmas sobre la transparencia de la campaña del mandatario.
Reacciones y críticas: la política en llamas
Las reacciones a la denuncia del presidente no se hicieron esperar. Una de las voces más críticas fue la de Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde. Juvinao comparó la situación de Petro con las investigaciones que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, cuestionando la aparente doble moral del mandatario frente a la justicia. “Si la justicia investiga a Uribe, qué bueno, la justicia es para todos. Cuando investiga a Petro: se consuma el golpe de Estado”, señaló Juvinao, subrayando lo que percibe como un intento de Petro de posicionarse por encima de la ley.
David Luna, senador de Cambio Radical, también expresó su descontento, criticando lo que describió como una narrativa divisoria del presidente. Luna instó a Petro a reconocer sus errores y asumir las responsabilidades correspondientes en lugar de alimentar temores infundados. “En lugar de seguir ahondando en un golpe que no existe, reconozca sus errores, asuma las responsabilidades a las que haya lugar, y de una vez póngase a trabajar”, indicó el senador, quien además calificó el llamado de Petro a una “lucha popular” como un eufemismo peligroso para incitar a la violencia.
En la misma línea, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, criticó las afirmaciones de Petro, instándolo a dejar de victimizarse y a enfocarse en gobernar de manera efectiva. “Es recomendable gobernar, gestionar y ejecutar”, comentó Restrepo, destacando la necesidad de que el presidente respete la autonomía de las instituciones y se enfoque en los desafíos que enfrenta el país.
Sin embargo, no todas las voces se alzaron en contra de Petro. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social y uno de los más cercanos aliados del presidente, defendió la postura del mandatario, asegurando: “No creo que se atrevan, Presidente. Saben las consecuencias”, en clara referencia a las posibles repercusiones de un intento de destitución.
El futuro incierto de la presidencia de Petro
La denuncia de un golpe de Estado por parte de Gustavo Petro añade una nueva dimensión a la crisis política en Colombia. La tensión entre el gobierno y sus críticos parece intensificarse, especialmente en un contexto donde las investigaciones sobre la financiación de su campaña continúan generando controversia.
Este escenario plantea preguntas importantes sobre el futuro de la presidencia de Petro. ¿Hasta qué punto pueden estas acusaciones afectar la estabilidad de su gobierno? ¿Serán suficientes para movilizar a sus bases en una “lucha popular” como la que ha invocado? Las próximas semanas serán cruciales para determinar si estas denuncias son el preludio de una crisis mayor o simplemente una estrategia política para desviar la atención de las acusaciones en su contra.
