El pasado 25 de abril se llevó a cabo el “diálogo abierto con los órganos de control” convocado por la Comisión Regional de Moralización de Risaralda. Con una pregunta que llamaba la atención, la invitación decía ¿Qué nadie hace nada? Seguramente saben que hay insatisfacción ciudadana frente al rol de los órganos de control, pues es normal escuchar entre denunciantes de corrupción, medios y veedurías ciudadanas, sobre la lentitud de los procesos y el cierre por vencimiento de términos.
Aunque todos lo saben, pocos se atreven a afirmarlo públicamente: detrás de un contratista o directivo en la Contraloría, Procuraduría, Defensoría o Personería, hay una recomendación y un jefe político. Es la realidad. Sin embargo hay que reconocer que el rol de prevención, investigación y sanción de dichas entidades es clave en la lucha contra la corrupción.
Las Comisiones Regionales de Moralización – CRM-, fueron creadas a través del artículo 65 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y tienen como función la promoción de la territorialización de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), la promoción del control social y la coordinación interinstitucional para la investigación de casos de corrupción. La CRM en Risaralda está conformada entre otros, por Mónica Pérez de la CGR, Giovani Arias de la Contraloría Departamental, Perches Giraldo, contralor municipal de Pereira, Álvaro Trujillo, contraloría de Dosquebradas, Nohora Lozada de la Procuraduría, Beatriz Ángel de la Rama judicial y Cesar Bolaños de la Fiscalía.
¿Qué ha hecho la comisión en Risaralda? Asistí motivada para escuchar avances, metas, indicadores, ejemplos, o resultados frente a casos particulares exitosos etc. Pero no. La presentación fue más un tema pedagógico para explicar las competencias de las entidades que conforman la comisión e invitar a la ciudadanía a denunciar casos de corrupción. Sin cifras, ni criterios para explicar cómo se definen los casos a investigar, la CRM priorizó los siguientes: 1. Hospital de cuarto nivel. 2. Avenida Los Colibrís. 3. Planta de agua de Pueblo Rico. 4. Proyecto Terrazas de Monserrate, Santa Rosa. 5. Proyecto Urbanístico Alto del Toro, Dosquebradas. 6. Centro penitenciario El Pílamo. “Y otros 32 proyectos” que no mencionaron.
Entre los asistentes se escuchó malestar: varios asistieron con la ilusión de saber qué ha pasado con los casos ya denunciados desde hace años y meses, como por ejemplo: la plaza de mercado, coliseo y placas huella en la Virginia, vías que aparecen pavimentadas en el papel, y que en la realidad siguen destapadas en Dosquebradas, obras sin terminar -Coliseo Menor- de los juegos nacionales, construcción del edificio del Consejo Superior de la Judicatura en Belén de Umbría etc. No se trata solo de invitar a la ciudadanía a denunciar y responsabilizarla de la carga de la prueba, sino de reconocer las barreras que se tienen para avanzar. Como bien lo expresó Carlos Croswaite, “el acceso a la información y la persecución a los denunciantes de corrupción son los principales problemas que tienen la ciudadanía para luchar contra la corrupción”.
