En una medida orientada a proteger los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables, la Veeduría Cívica Armenia y Quindío, liderada por Luis Alberto Vargas Ballén, radicó formalmente la Acción de Tutela No. 4157085 con solicitud de medidas provisionales de carácter urgente. El recurso judicial responde a la profunda preocupación colectiva generada tras las declaraciones de autoridades departamentales que pretendían limitar las ayudas institucionales únicamente a los propietarios que presentaran escrituras públicas. Esta condición, según la veeduría y organismos de control, resulta contraria a la norma legal vigente e ignoraría la realidad de miles de hogares asentados en zonas de alta vulnerabilidad.
El objetivo central de la acción legal consiste en ordenar a las autoridades correspondientes que ningún hogar sea excluido del censo oficial ni del Registro Único de Damnificados (RUD) sin haber sido visitado, caracterizado e inspeccionado previamente en su propio entorno. La problemática impacta directamente a más de 33 mil familias que habitan en Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI), invasiones, laderas, orillas de quebradas y cañadas clasificadas de alto riesgo. Según precisó el vocero de la veeduría, la acción judicial no busca otorgar de manera automática la condición de damnificado ni otorgar viviendas de forma indiscriminada, sino asegurar el derecho básico a la evaluación técnica y a la verificación casa a casa.
Intervención de la Procuraduría y exigencia de un censo transparente
Frente al panorama de incertidumbre institucional, la Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío procedió a emitir un requerimiento preventivo dirigido tanto a la Gobernación del Quindío como a las doce alcaldías municipales. El órgano de control instó a las autoridades locales a garantizar que el proceso de censo y caracterización se ejecute de manera completa, objetiva, transparente y libre de cualquier sesgo o discriminación. En la comunicación, el ente fiscalizador subrayó que la tenencia de la tierra o la falta de un título formal de propiedad no deben ser utilizados bajo ninguna circunstancia como criterio para marginar a las personas del registro estatal.
Paralelamente, aunque el Gobierno Nacional anunció públicamente una ampliación en los plazos previstos para el diligenciamiento del registro, los sectores ciudadanos advierten que aún no se ha dado a conocer el acto administrativo que formalice legalmente dicha prórroga. Los líderes comunitarios sostienen que la sola extensión del tiempo resulta insuficiente si las brigadas técnicas y los equipos encuestadores no se desplazan físicamente hacia las geografías de difícil acceso, donde se concentran los núcleos familiares con mayores privaciones socioeconómicas.
El control ciudadano se despliega municipio a municipio
Ante la inminencia de las decisiones judiciales y la necesidad de verificar la atención en el territorio, la veeduría ciudadana emitió un llamado de movilización a los voceros locales de toda la región. La instrucción dada a los veedores en cada localidad consiste en ejercer un seguimiento riguroso ante los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, las alcaldías y las personerías. El propósito fundamental es vigilar directamente en el terreno que las caracterizaciones se realicen de manera rigurosa en los asentamientos informales y sectores ribereños de los departamentos afectados en el occidente colombiano.
El compromiso planteado evoca las experiencias de reconstrucción territorial desarrolladas tras el sismo de 1999 con el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC), insistiendo en que la solución habitacional y la asistencia técnica deben guiarse por criterios de equidad social y dignidad humana. Las organizaciones civiles concluyeron que el recurso de tutela constituye el mecanismo inicial para abrir la puerta institucional, pero remarcaron que el control social permanente en cada municipio será la única garantía para evitar que familias vulnerables queden invisibilizadas frente a las futuras políticas de ayuda, reasentamiento y mejoramiento de vivienda.
