El Ejército Nacional confirmó de manera oficial la muerte de tres soldados y reportó otros ocho uniformados gravemente heridos tras un complejo, calculado y coordinado ataque con drones cargados de explosivos perpetrado contra las instalaciones estratégicas del cantón militar de Santa Rosa del Sur, ubicado en la subregión del sur del departamento de Bolívar. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares entregados por la institución castrense, el atentado criminal también dejó a otros integrantes de la Fuerza Pública afectados por la onda expansiva, esquirlas y metralla, quienes reciben de manera prioritaria atención médica especializada en distintos centros asistenciales de la región ante la gravedad de sus múltiples lesiones, politraumatismos y quemaduras severas.
Por su parte, el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya Santamaría, entregó un balance complementario y sumamente preocupante al manifestar que la cifra total de personas heridas asciende a 35 afectados como consecuencia directa de las detonaciones múltiples registradas dentro del perímetro del batallón número 48 de la localidad. «Estamos con la familia y queremos agradecer a todos, las personas que nos han ayudado, los médicos que han venido voluntariamente, y a las personas que nos están ayudando a sacar los heridos que tenemos», afirmó con evidente preocupación el mandatario local en medio de las difíciles, arriesgadas y prolongadas labores de rescate, evacuación y socorro humanitario que se desplegaron durante varias horas continuas tanto en la zona urbana como en los sectores periféricos circundantes.
Acciones de respuesta institucional y rechazo categórico a la violencia criminal
Ante estos graves acontecimientos de orden público que enlutan profundamente a la institución armada y a todo el país, la Primera División del Ejército rechazó de manera enérgica, categórica e institucional el atentado terrorista, calificándolo formalmente como una grave violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los convenios universales que regulan los conflictos armados sobre la protección estricta de instalaciones militares, hospitales de campaña y personal no combatiente. En respuesta a la emergencia, la institución hizo un llamado urgente y perentorio a la ciudadanía para que suministre información oportuna, veraz y confidencial que permita prevenir nuevas acciones criminales, recordando a toda la comunidad que se encuentra plenamente habilitada la línea 107 contra el terrorismo para recibir denuncias ciudadanas bajo absoluta reserva y garantizando la total confidencialidad e integridad de los informantes.
En la misma línea institucional de condena unánime, el presidente Abelardo De La Espriella repudió categóricamente el vil ataque terrorista y expresó su más profunda solidaridad con las familias de los militares caídos en cumplimiento de su deber constitucional y de aquellos que luchan por su recuperación. El primer mandatario de la nación aseguró firmemente que ya se dispuso toda la atención y el acompañamiento médico integral necesario para los uniformados afectados, advirtiendo con absoluta resolución que este tipo de cobardes acciones violentas no harán retroceder al Gobierno en su firme política de seguridad democrática ni en su ofensiva frontal, implacable e ininterrumpida contra las organizaciones y estructuras criminales que pretenden intimidar a las instituciones y a la sociedad colombiana en las diferentes regiones del territorio nacional.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado envió un mensaje directo, enérgico y sin ambigüedades dirigido a los actores armados al margen de la ley: «¡A los terroristas les advierto: no nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder! (…) A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡Se les acabó la guachafita! No tendrán escondite ni tregua. Los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos hasta la justicia!». Asimismo, el mandatario ordenó formalmente a las más altas esferas de la Fuerza Pública intensificar de inmediato las operaciones tácticas, aéreas y de inteligencia militar para identificar, perseguir sin tregua y capturar con todo el peso de la ley a los determinadores intelectuales y ejecutores materiales de esta repudiable acción terrorista.
Llamado urgente del Ministerio Público y despliegue estratégico de seguridad
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se sumó de inmediato a las voces de repudio institucional, condenando con firmeza el atentado ejecutado con drones cargados de explosivos y extendiendo su más sentida solidaridad a las familias de las víctimas mortales, a sus seres queridos y a todos los integrantes activos de la Fuerza Pública. El jefe del Ministerio Público exhortó de manera categórica al Gobierno Nacional, a los ministerios del ramo y a las autoridades competentes a reforzar de inmediato las medidas de protección, vigilancia pasiva y seguridad defensiva en todas las guarniciones militares, estaciones policiales y cascos urbanos del país para salvaguardar la integridad y garantizar la tranquilidad de la población civil.
«¡El terrorismo no puede doblegar al Estado ni arrebatarle la tranquilidad a los colombianos!», sentenció con vehemencia el procurador al exigir resultados prontos, claros y contundentes en las investigaciones preliminares que adelantan los organismos de policía judicial. Entre tanto, las autoridades locales, departamentales y nacionales mantienen activo un permanente puesto de mando unificado en el sur del departamento de Bolívar para coordinar con absoluta precisión el traslado aéreo prioritario y terrestre de los pacientes heridos hacia centros médicos asistenciales de alta complejidad. Paralelamente, las unidades especializadas de inteligencia militar y los equipos antiexplosivos analizan meticulosamente los restos de los aparatos no tripulados utilizados en la incursión criminal con el fin de determinar el origen exacto de los componentes, la procedencia tecnológica de los drones y el grado específico de participación de las disidencias armadas u otras facciones delictivas que operan en esta conflictiva zona del Magdalena Medio.
Escalada de atentados con drones y explosivos sacude los peajes del Cauca
La violencia en el departamento del Cauca atraviesa un momento crítico tras registrarse un nuevo atentado con artefactos explosivos lanzados desde drones. En esta ocasión, el objetivo fue el peaje de Villa Rica, ubicado al norte de la región sobre la vía Panamericana que comunica con el Valle del Cauca.
El ataque dejó como saldo un civil con heridas leves, quien ya recibió atención médica, además de daños materiales de consideración en la infraestructura del punto de recaudo. Pese a la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que ningún integrante de la Fuerza Pública resultó lesionado.
Ante la agresión, tropas del Grupo de Caballería Liviano Número 8 de la Brigada 29 del Ejército Nacional reaccionaron de inmediato para repeler el ataque dirigido tanto contra el peaje como contra la unidad militar que custodia el sector. Informes preliminares de las instituciones apuntan a la participación de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC (facción de ‘Mordisco’).
Una ofensiva sistemática contra la infraestructura vial
Este suceso profundiza la zozobra en los corredores viales del departamento, sumándose a una escalada violenta en menos de quince días:
- 31 de octubre: Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en el peaje de El Mango, en el municipio de La Sierra.
- 7 de noviembre: El punto de cobro de Mondomo, en Santander de Quilichao, fue blanco de un ataque idéntico ejecutado con drones.
En total, ya son tres los peajes afectados y cuatro atentados con explosivos registrados en la región desde el mes de agosto.
Retaliación y despliegue militar
Para las autoridades castrenses, esta reciente andanada terrorista responde a una retaliación directa por las fuertes operaciones militares desplegadas en los últimos días en contra de la estructura Jaime Martínez.
Actualmente, las tropas del Ejército se mantienen desplegadas en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios, proteger a la población civil y asegurar la movilidad en la vía Panamericana, considerada uno de los corredores logísticos y de transporte de carga más importantes del suroccidente del país.
