La educación a nivel nacional ha tenido logros importantes en el actual gobierno: aumento de la capacidad educativa, presupuesto histórico otorgado, mejoramiento de las condiciones de los docentes y como último enfoque la transformación de la ley 30 en sus artículos 86 y 87 que definen la forma en que se financian las universidades públicas desde antes de los años 2000, aplicando el indicador ICES (Índice de costos educativos) que es medido por el DANE desde 1995 en las instituciones universitarias de carácter privado y desde el 2014 se anexo las instituciones de educación superior públicas, dejando a un lado el proceso de financiación por medio del IPC (Índice de Precios al Consumidor) promoviendo la financiación descentralizada desde cada entidad territorial.
De este modo, el ICES estima los bienes y servicios que necesitan las instituciones de
educación superior: universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas y técnicas, diferenciadas según su carácter entre público y privado midiendo de manera semestral los costos de personal, de bienes y servicios: profesores invitados, profesores hora catedra, niveles directivo y profesional, nivel técnico y profesional, honorarios, fotocopias, arrendamiento y equipos de oficina, dotaciones de aseo y cafetería, mantenimiento de construcciones y edificaciones, energía eléctrica. Todos necesarios para mejorar la cobertura y la calidad de la educación superior en Colombia, otorgando indicadores reales de las necesidades del sistema universitario.
Por ende, se debe indicar que el problema financiero se ha venido solventando desde hace tres gobiernos atrás (Santos, Duque y Petro), por medio de movilizaciones estudiantiles y exigencia de políticas públicas, sin embargo, el indicador de continuidad académica que se explica por medio de la cantidad de estudiantes que migran de la educación secundaria a la educación superior inmediatamente en el año siguiente a la culminación de la educación media según los datos del Ministerio de Educación es en promedio del 39,37% y en los últimos tres años el promedio es del 40,28%, es decir el incremento es apenas del 0,91%.
Sin la educación básica y su tránsito por la educación superior el futuro profesional del país se ve amenazado no solo por la falta de saberes connacionales que ejerzan los roles y funciones técnicas y profesionales para habitar el país con sus culturas, saberes y tradiciones, sino las habilidades humanas que se interceden por medio de la educación superior que son necesarias para la evolución del país por sendas del conocimiento: la integridad, la solidaridad, libertad y el orden deben generar oportunidades lo cual implica repensar la oferta académica superior, las estrategias pedagógicas y evaluativas, las interacciones entre pares académicos y la manera de integrar la tecnología para fomentar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades donde las generaciones quieran transitarla.
A los lectores y editores de esta columna auguro prosperidad y felicidad en el Año Nuevo.
