Wilmar Mejía presentó su renuncia a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en medio del escándalo por los llamados ‘Archivos Calarcá’, un conjunto de documentos que revelaría presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las Farc. La dimisión se conoció cuatro meses después de que el caso saliera a la luz pública y en medio de investigaciones que avanzan en varias instancias.
El propio exfuncionario confirmó que tomó la decisión el pasado 3 de marzo, el mismo día en que la Procuraduría levantó la suspensión de tres meses que pesaba en su contra. Según explicó, acudió a firmar su acta de reincorporación, pero minutos después presentó su renuncia irrevocable, argumentando motivos éticos y la necesidad de facilitar las investigaciones en curso.
La controversia se originó tras la incautación de dispositivos electrónicos a alias ‘Calarcá’, jefe de una facción de las disidencias, durante un operativo realizado en 2024 en Antioquia. En el material hallado —que incluye correos, chats, cartas y fotografías— aparecerían referencias a Mejía, identificado presuntamente con el alias de ‘El Chulo’, y a otros funcionarios del Estado.
De acuerdo con las revelaciones, estos documentos sugerirían posibles filtraciones de información sensible de inteligencia, así como contactos que habrían favorecido a esa estructura armada. También se menciona al general del Ejército Juan Miguel Huertas, quien igualmente fue objeto de una suspensión disciplinaria, aunque ya se reintegró a la institución.
Frente a los señalamientos, Mejía ha negado cualquier vínculo con alias ‘Calarcá’ o con organizaciones criminales. Sostuvo que no lo conoce personalmente y aseguró que pondrá a disposición de la Fiscalía sus dispositivos electrónicos y documentos para que sean analizados en el marco de las investigaciones.
El exdirector también afirmó que sus contactos en contextos relacionados con el conflicto obedecieron a funciones institucionales y a gestiones vinculadas a procesos de paz, rechazando que se trate de una infiltración en las entidades del Estado. Sin embargo, reconoció haber entregado información al presidente de la República, lo que, según dijo, impulsó su llegada al cargo.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, junto con la Procuraduría y otras autoridades, continúa adelantando indagaciones para determinar la veracidad del contenido de los ‘Archivos Calarcá’ y establecer si existieron filtraciones de información o colaboración con grupos armados ilegales, en un caso que ha encendido alertas sobre posibles riesgos de infiltración en instituciones clave del Estado.
