En una decisión de carácter judicial clave para el desarrollo de los procesos por delitos contra la administración pública en Colombia, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar categóricamente la solicitud de libertad formulada por la defensa técnica del excongresista Wadith Alberto Manzur Imbett. El exrepresentante a la Cámara del Partido Conservador se encuentra formalmente vinculado a las investigaciones penales por el multimillonario esquema de irregularidades detectado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con este pronunciamiento, el alto tribunal desestimó las pretensiones de los apoderados del procesado, quienes buscaban dejar sin efectos legales la medida de aseguramiento preventiva impuesta en su contra dentro del expediente institucional. En el fallo oficial expedido por la corporación judicial se concluyó lo siguiente: “Declarar improspera la solicitud de revisión de la legalidad de la medida de detención preventiva impuesta a Wadith Alberto Manzur Imbett en la resolución de acusación AE10045-2026 del 11 de marzo de 2026, proferida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, presentada por su abogado defensor. En consecuencia, NEGAR la libertad del procesado”.
A través de dicha resolución legal, la Magistratura dejó claro que la permanencia del exlegislador en prisión preventiva responde de manera estricta al cumplimiento de los marcos procedimentales y constitucionales aplicables a los fueros y juzgamientos de altos dignatarios.
Los fundamentos jurídicos de la decisión carcelaria
La argumentación central presentada por el equipo de defensa del excongresista pretendía controvertir la validez del privativo de la libertad alegando antecedentes procesales específicos. Según la postura defensiva, la Corte Suprema de Justicia había determinado en julio de 2025 no imponer una medida de aseguramiento en contra de Wadith Manzur. Bajo esa premisa, los abogados sostuvieron que la postura del tribunal debía ser inmodificable y mantenerse intacta con el paso del tiempo.
No obstante, al realizar la evaluación jurídica detallada del recurso de revisión, la Sala Especial de Primera Instancia recalcó que el avance de la causa penal implica transformaciones en las dinámicas procesales. El alto tribunal explicó detalladamente que cuando un expediente transita hacia fases superiores dentro del sistema normativo, la situación jurídica de las personas investigadas puede ser reevaluada de forma legítima con base en el material probatorio superveniente o la recalificación de la conducta.
De este modo, la Corte consideró plenamente idónea, válida y legal la decisión que fue dictada en marzo de 2026 por la Sala Especial de Instrucción, momento en el cual se resolvió formalmente ordenar la detención preventiva del procesado. La corporación remarcó de forma expresa que los abogados del exparlamentario no lograron probar la existencia de vicios, arbitrariedades ni irregularidades sustanciales en el decreto de privación de la libertad.
Asimismo, los magistrados puntualizaron de manera enfática que la negativa de otorgar la libertad a Wadith Manzur no equivale a la emisión de una sentencia condenatoria ni implica declarar su culpabilidad de forma anticipada. La providencia, de carácter preventivo, únicamente busca garantizar la comparecencia del implicado y el correcto desarrollo de las diligencias mientras la investigación penal continúa su trámite regular.
Traslado a La Picota y desarrollo del escándalo institucional
El panorama judicial de Wadith Alberto Manzur Imbett ha registrado importantes movimientos logísticos y preventivos en las últimas semanas. Tras la decisión de la Corte en el marco de la investigación por la UNGRD, el procesado permanecía temporalmente en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, mediante disposiciones administrativas y operativas ejecutadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se concretó recientemente su traslado definitivo hacia la cárcel La Picota de Bogotá, donde cumple la orden judicial de reclusión en un pabellón de máxima seguridad o de medidas especiales acorde a su condición procesal.
Las indagaciones contra el exparlamentario se enmarcan en uno de los episodios de supuesta corrupción estatal de mayor impacto mediático y político en la historia reciente del país. Las autoridades judiciales evalúan si desde su posición en el Congreso de la República se articularon presuntas maniobras o direccionamientos contractuales indebidos en beneficio de terceros con fondos públicos asignados a atender emergencias y desastres nacionales.
En meses anteriores, el excongresista Wadith Manzur había estado en el centro de la controversia pública tras elevar peticiones institucionales para tomar posesión de cargos o facultades en situación de reclusión. Mientras tanto, la corporación judicial reitera que el expediente continuará su marcha dentro de los términos legalmente previstos. La ratificación de la medida de aseguramiento mantendrá al exlegislador privado de su libertad de manera preventiva en el centro carcelario de la capital mientras los magistrados avanzan en el juzgamiento sustancial de las pruebas acumuladas en el caso de la UNGRD.
