El representante a la Cámara Wadith Manzur, actualmente privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), solicitó ser posesionado como senador el próximo 20 de julio, tras haber sido elegido con más de 129.000 votos en las recientes elecciones legislativas.
La petición fue radicada por su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, en la que se plantea la posibilidad de que el congresista pueda ejercer sus derechos políticos a pesar de la medida de aseguramiento en su contra. El abogado Francisco Javier Araújo argumenta que, al no existir una condena en firme, no debería impedirse la materialización del mandato derivado del voto popular.
En el documento, la defensa solicita que se autorice un traslado temporal, excepcional y bajo estrictas medidas de custodia, con el fin de permitir la posesión de Manzur en el Congreso. Además, pide claridad sobre si la detención preventiva implica la pérdida o suspensión de sus derechos políticos.
Frente a esta solicitud, la Corte Suprema de Justicia decidió no emitir un pronunciamiento de fondo, al considerar que no tiene funciones consultivas en este tipo de asuntos. En su lugar, remitió la petición a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado para que sean estas instancias las que determinen la viabilidad de la posesión.
De esta manera, será el Congreso de la República el encargado de definir si la medida de aseguramiento impuesta contra Manzur impide o no que asuma su curul en el Senado, en un escenario que plantea tensiones entre el principio de presunción de inocencia y las restricciones derivadas de procesos judiciales en curso.
El caso se da en medio de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la UNGRD, por los cuales varios funcionarios y congresistas han sido vinculados. Manzur fue enviado a prisión preventiva el pasado 12 de marzo y permanece recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá.
Este no es un hecho aislado. En el mismo contexto, también se conoció que Karen Manrique, congresista electa y detenida por el mismo escándalo, recibió su credencial a través de un tercero, lo que ha ampliado el debate sobre la permanencia y ejercicio de funciones públicas en medio de procesos judiciales.
Mientras tanto, la decisión que adopte el Senado podría sentar un precedente sobre los límites entre la representación política y las medidas judiciales, en un momento en que el país observa con atención el alcance de las garantías democráticas frente a los procesos penales.
