En medio de denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido romper relaciones diplomáticas con varios países latinoamericanos y caribeños. La medida incluye la retirada de personal diplomático y la suspensión de vuelos, reflejando la creciente tensión internacional respecto a los resultados electorales.
El gobierno de Maduro ha ordenado la retirada inmediata de su personal diplomático en República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Perú y Costa Rica. Estas naciones han exigido una revisión exhaustiva y transparente de los resultados de las elecciones celebradas el 28 de julio. En un comunicado, el canciller venezolano Yvan Gil calificó las posturas de estos países como «injerencistas» y los acusó de estar «subordinados» a Washington, defendiendo el derecho de Venezuela a la autodeterminación.
La reacción del gobierno venezolano también incluyó la suspensión de conexiones aéreas con República Dominicana y Panamá a partir del 31 de julio. La proclamación de Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desencadenado protestas violentas en varios puntos del país, con un saldo de siete muertes y la destrucción de estatuas de Hugo Chávez. El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció que retiraría a los diplomáticos dominicanos de Venezuela y evaluaría imponer sanciones comerciales.
En respuesta a la crisis, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado una reunión de emergencia a petición de 12 países de la región para discutir la situación en Venezuela. La Unión Europea, Estados Unidos, España, Brasil y las Naciones Unidas también han expresado serias dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales. Mientras tanto, líderes regionales como Javier Milei de Argentina y Gabriel Boric de Chile han cuestionado la transparencia de las elecciones venezolanas, en contraste con aliados de Maduro como Bolivia, Nicaragua, Rusia y China, que han felicitado al mandatario por su «victoria».
