El magistrado José Manuel Parra, de la sala del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, ha revocado las 57 medidas de aseguramiento que mantenían tras las rejas al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, otorgándole así la posibilidad de recuperar su libertad.

El caso de Mancuso ha sido una saga judicial que ha captado la atención pública desde que regresó a Colombia el pasado 27 de febrero, después de cumplir más de 16 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Desde entonces, ha estado buscando su excarcelación, una búsqueda que finalmente ha dado frutos con la decisión del magistrado Parra.

Esta no es la primera vez que Mancuso ha intentado obtener su libertad. Ya el 1 de marzo, la magistrada Luz Marina Zamora había revocado 14 de las medidas de aseguramiento en su contra, argumentando que había cumplido penas relacionadas con el sistema de justicia transicional. Sin embargo, esto no resultó en su liberación inmediata, ya que aún quedaban medidas pendientes en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

La situación tomó un giro inesperado el 13 de marzo, cuando el magistrado Carlos Andrés Pérez decidió mantener a Mancuso tras las rejas, argumentando la gravedad de los más de 65 mil hechos criminales por los que aún debía responder. Posteriormente, el 18 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el control preferente de todos los procesos relacionados con el exparamilitar, argumentando su autoridad exclusiva para decidir sobre su futuro judicial.

Esta decisión no fue bien recibida por los magistrados de Justicia y Paz, quienes consideraron que se estaba socavando su autonomía y sus funciones. Como resultado, el 20 de marzo se presentó un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.

Mientras tanto, el juez natural de Mancuso sigue siendo el Tribunal de Justicia y Paz, lo que le otorga la facultad de ordenar su liberación, como ocurrió este jueves. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras se espera el fallo de la Corte Constitucional sobre qué autoridad tiene la última palabra en este complejo entramado legal.

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