El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en la mañana de este miércoles, 20 de agosto, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor hacia la Estación de Carabineros de la Policía Nacional, ubicada en inmediaciones del Parque Nacional.
La decisión se tomó tras las reiteradas solicitudes del abogado defensor Francisco Bernate, quien advirtió al Inpec y al Ministerio de Justicia sobre los graves riesgos de seguridad que enfrentaba la empresaria dentro del centro penitenciario. Con este cambio, se busca garantizar su integridad mientras cumple la condena impuesta por la justicia.
Condena y delitos que llevaron a su reclusión
Desde el 27 de enero de 2025, Epa Colombia permanecía en la cárcel El Buen Pastor, luego de agotar todas las vías legales para impugnar la sentencia en su contra. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cinco años y tres meses de prisión, tras encontrarla culpable de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación al servicio de transporte público.
Los hechos que originaron el proceso se remontan a noviembre de 2019, durante el paro nacional, cuando Barrera Rojas publicó videos en sus redes sociales incitando a ataques contra la infraestructura de transporte y registrando actos de vandalismo contra el sistema TransMilenio en Bogotá.
La decisión judicial marcó un precedente en Colombia, al establecer límites frente al uso irresponsable de las plataformas digitales y su impacto en el orden público.
Motivos de seguridad y medidas adoptadas
El abogado Francisco Bernate explicó que el traslado de la influencer respondió a amenazas concretas que ponían en riesgo su vida dentro del penal. Según indicó, la empresaria habría recibido intimidaciones por parte de otras internas, lo que aumentó la preocupación por su seguridad.
El operativo de traslado se realizó a las 11:00 de la mañana, bajo un estricto esquema de seguridad. Fuentes del Inpec señalaron que la reclusa fue conducida hasta la Estación de Carabineros para cumplir su condena en condiciones más controladas y con vigilancia especializada.
La medida no implica beneficios jurídicos ni reducción de la pena, sino una decisión administrativa orientada a proteger la integridad física de la interna.
