El secuestro del conductor de una ambulancia en la subregión del Catatumbo ha reencendido la alarma institucional y comunitaria frente a la grave vulnerabilidad que afronta la misión médica en las zonas ruralizadas de Norte de Santander. El afectado, identificado como Jayson Bonilla, trabajador adscrito a la ESE Norte de Tibú, permanece privado de la libertad desde el pasado 10 de septiembre, tras ser interceptado por integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El suceso trascendió a la opinión pública luego de que la estructura armada ilegal difundiera un video editado a manera de prueba de supervivencia. En el material audiovisual, grabado bajo evidentes condiciones de coerción, el trabajador portaba un chaleco con logotipos sanitarios y relataba supuestos traslados irregulares de encomiendas y pertrechos militares a favor de estructuras disidentes.
Las declaraciones bajo coerción y el impacto del traslado clandestino
Durante la grabación filtrada por el grupo insurgente, Bonilla asegura haber sido forzado a transportar cajas de encomienda desde la ciudad de Cúcuta hasta Tibú cada dos semanas. De acuerdo con su testimonio verbal dentro del video, el material transportado estaría destinado a integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
“A mí me obligaron a llevar cajas desde Cúcuta a Tibú. Me mostraron una foto de mi familia y me dijeron que tenía que llevar encomiendas. Yo subía cajas cada dos semanas y me pagaban en Cúcuta. No me decían nunca qué era, hasta que me di cuenta de que eran drones y otras cosas”, afirmó el conductor en la pieza audiovisual difundida.
El trabajador de la salud subrayó que su participación en dichos traslados fue producto de constantes intimidaciones que involucraban a sus seres queridos. Explicó que los delincuentes exhibieron “fotos de familiares, de mi papá y de mi mujer” como mecanismo de chantaje. Asimismo, aseveró que intentó negar su colaboración tras advertir que existían rumores en la zona sobre el uso anómalo del vehículo de atención médica: “Yo les dije que no podía transportar más encomiendas porque ya había comentarios, pero me decían que no, que yo sabía cómo era con ellos y que no me podía salir”.
Analistas y autoridades recuerdan que, al haber sido captadas en condición de cautiverio y con notorios cortes de edición, estas afirmaciones deben ser objeto de verificación rigurosa por las autoridades judiciales y no pueden asumirse de forma automática como hechos probados.
Alteración humanitaria y evacuación de heridos en el Catatumbo
El rapto de Jayson Bonilla tuvo lugar en momentos en que una comisión asistencial integrada por cinco trabajadores de la salud transitaba en una ambulancia de la ESE Norte de Tibú para atender una llamada de urgencia en el sector rural. Tras el bloqueo del paso por parte del ELN, los guerrilleros retuvieron el vehículo y minutos después liberaron a cuatro de los ocupantes, reteniendo de manera exclusiva a Bonilla, quien fue conducido hacia un paradero desconocido.
La interceptación del vehículo de socorro generó un traumatismo directo sobre la logística humanitaria en la zona. A raíz de la interrupción del desplazamiento terrestre de la ambulancia, se vio obstaculizado el rescate de tres jóvenes heridos por la explosión de un campo minado. Ante la imposibilidad del traslado por carretera, la Fuerza Pública tuvo que desplegar una maniobra de evacuación aérea de emergencia para salvar la vida de las víctimas.
Este flagelo se suma al complejo escenario de minado en Norte de Santander. Apenas un día antes del secuestro del conductor, el 9 de septiembre, un ciudadano de 28 años resultó con heridas graves tras detonar accidentalmente una mina antipersonal en el sector rural de Orú. La víctima recibió primeros auxilios en el Hospital de Tibú y fue remitida posteriormente a un centro de mayor complejidad en Cúcuta.
Reclamaciones institucionales frente al conflicto armado
Frente a la parálisis en las vías de evacuación médica y la constante exposición de los trabajadores sanitarios, la titular de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, instó a las organizaciones armadas ilegales a mantener al margen de las hostilidades a la población civil y a garantizar la protección absoluta e incondicional de los equipos médicos.
El organismo defensor exigió la inmediata liberación del conductor secuestrado y la reactivación de garantías de seguridad que permitan el libre tránsito de los insumos y personal de socorro en la región del Catatumbo. Del mismo modo, la entidad hizo presencia en una mesa de trabajo de evaluación para definir estrategias de protección a favor de los trabajadores de la salud que operan en zonas de alta confrontación.
A la fecha, los gobiernos local y departamental no han emitido comunicados oficiales definitivos sobre el estado de las gestiones para el retorno de Bonilla. Mientras tanto, el secuestro del conductor mantiene bajo máxima incertidumbre el desarrollo de las actividades humanitarias en una región fuertemente azotada por disputas territoriales entre actores armados.
