En un anuncio que ya genera tensiones entre sectores empresariales y ciudadanos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno expedirá en los próximos días un decreto que incrementará el precio del diésel en Colombia para vehículos que no prestan servicios de carga. Este ajuste busca equiparar el valor del combustible al precio internacional, en línea con la política de eliminación de subsidios al combustible implementada desde el inicio del actual gobierno.
Según lo declarado por Ávila, el alza aplicará al 28 % del parque automotor que utiliza diésel, lo que incluye principalmente camionetas blindadas, buses urbanos y vehículos particulares. El decreto aumento diésel excluirá expresamente a los camiones de carga, en un intento por evitar el impacto sobre la cadena logística del país. La medida, que se traduciría en un incremento de hasta $5.000 por galón, genera preocupación en sectores que dependen de este tipo de vehículos para su operación diaria.
Una política de ajuste fiscal: el fin de los subsidios a los combustibles
El incremento proyectado para el diésel se suma a los ya aplicados en la gasolina corriente, una estrategia que busca reducir el déficit fiscal generado por los subsidios al combustible. En palabras del propio ministro Ávila, la intención del Gobierno es clara: dejar de asumir el costo de mantener un precio artificialmente bajo que no se corresponde con el del mercado internacional.
Desde mediados de 2023, el precio de la gasolina ha sido objeto de aumentos escalonados. Ahora, con el nuevo decreto aumento diésel, el Gobierno extiende esa política al segundo combustible más usado en el país, afectando especialmente a grandes consumidores que no se dedican al transporte de carga. En meses anteriores ya se había empezado a ajustar el precio del diésel para empresas de gran consumo, como operadoras logísticas privadas o compañías mineras.
El fondo de esta decisión está en la presión fiscal que suponen los subsidios, los cuales representan una carga millonaria para las finanzas del Estado. Dejar de subsidiar el diésel y la gasolina es parte del plan para liberar recursos destinados a programas sociales o inversión pública, especialmente en un contexto de desaceleración económica y reducción de ingresos petroleros.
¿Quién paga más y quién se salva?: impacto por sectores
El anuncio de Ávila establece una diferenciación clara: no todos los usuarios de diésel enfrentarán el mismo ajuste. El alza no aplicará a los vehículos dedicados al transporte de carga, un alivio para un sector que ya ha manifestado su preocupación por el aumento de los costos operativos. Sin embargo, aquellos usuarios que dependen de vehículos tipo SUV blindados, buses urbanos o transporte institucional sí verán un impacto inmediato en sus gastos.
Este grupo, que incluye muchas entidades públicas, empresas de seguridad privada y operadoras de transporte urbano, podría enfrentar incrementos mensuales significativos en sus presupuestos de combustible. Por ejemplo, una camioneta blindada que recorre unos 2.000 kilómetros al mes podría enfrentar un sobrecosto de más de $600.000 mensuales solo por efecto del nuevo precio del galón.
A nivel urbano, los buses que funcionan con diésel podrían verse obligados a ajustar tarifas o buscar compensaciones del gobierno local para mantener su operación. La decisión también podría reactivar el debate sobre la transición energética en el transporte público y privado, incentivando un cambio hacia tecnologías más limpias o menos dependientes de combustibles fósiles.
