En una nueva sesión decisiva, el Senado de la República negó la realización de la Consulta Popular 2.0, una iniciativa del Gobierno nacional para someter a votación ciudadana una serie de reformas estructurales. La propuesta fue rechazada con 52 votos en contra y solo 2 a favor, reflejando el creciente distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Qué planteaba la Consulta Popular 2.0?
La iniciativa presidencial buscaba consultar al pueblo colombiano sobre 16 preguntas clave: 12 relacionadas con la reforma laboral y 4 con la reforma a la salud. El objetivo era legitimar mediante el voto popular algunas de las transformaciones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, tras la dificultad de obtener mayorías en el Congreso.
Esta fue la segunda vez que se intentó llevar a cabo la consulta. En una votación previa, también fue rechazada, lo que llevó al Gobierno a reformularla y volver a presentarla, bajo la premisa de promover una participación directa de la ciudadanía.
Estrategias políticas y maniobras legislativas
Durante la jornada de votación, se intentó utilizar una maniobra política que consistía en abandonar el recinto por parte de congresistas afines al Gobierno, con la intención de romper el quórum decisorio. Sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito. La mayoría de los senadores permaneció, lo que permitió continuar con la sesión y llevar a cabo la votación, donde la consulta fue nuevamente hundida.
Este tipo de tácticas ha generado fuertes críticas por parte de sectores de oposición, que consideran que se busca obstaculizar los procedimientos democráticos cuando no se cuentan con los apoyos suficientes para aprobar una iniciativa.
Reacciones del Gobierno y oposición
Tras la votación, desde el Gobierno Nacional se manifestó descontento con el resultado. Se cuestionó la legitimidad del proceso legislativo y se planteó la posibilidad de recurrir a un decreto presidencial para convocar la consulta de manera directa. Esta intención ha generado una fuerte controversia, dado que plantea un posible conflicto con las competencias del Congreso.
Por su parte, desde la oposición, se celebró la decisión del Senado como un acto de defensa del orden institucional. Algunos senadores señalaron que el mecanismo propuesto por el Ejecutivo se percibe como un intento de evadir los controles y la deliberación parlamentaria.
¿Puede convocarse una consulta por decreto?
El Ejecutivo ha insistido en que es posible acudir a un decreto presidencial para convocar a los ciudadanos, amparándose en una supuesta excepción constitucional. No obstante, varios sectores han advertido que dicha ruta genera un choque de poderes, y su legalidad tendría que ser definida por las altas cortes.
Adicionalmente, existen dudas sobre la viabilidad operativa y presupuestal de una consulta de esta magnitud, cuyo costo podría ascender a más de 700.000 millones de pesos. La incertidumbre jurídica y logística mantiene en vilo el futuro de esta propuesta.
Avanza la reforma laboral en el Senado
A pesar del revés para la consulta, el Gobierno logró una importante victoria con la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Con 57 votos a favor y 31 en contra, se dio paso a una iniciativa que incluye aspectos clave como:
- Aumento del recargo nocturno, desde las 7:00 p. m.
- Pago del 100 % por trabajo dominical y festivo.
- Protección laboral para trabajadores de plataformas digitales.
- Reconocimiento de derechos para aprendices del SENA.
- Mayor estabilidad laboral y formalización del empleo.
Ahora, la reforma deberá ser conciliada con la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, fecha límite del actual periodo legislativo.
Tensión institucional y futuro político
La confrontación entre el Gobierno y el Congreso ha escalado en las últimas semanas, evidenciando una crisis de gobernabilidad. La falta de mayorías parlamentarias ha obligado al Ejecutivo a buscar mecanismos alternativos, como las consultas populares, para avanzar con su agenda.
Sin embargo, la repetida negativa del Senado a aprobar la Consulta Popular 2.0 muestra que este camino también enfrenta serios obstáculos. La incertidumbre jurídica sobre la posibilidad de convocarla por decreto, sumada al rechazo legislativo, podría marcar un punto de inflexión en la relación entre poderes.
En este panorama, el país se encamina hacia un cierre de legislatura con tensiones políticas al límite y un debate abierto sobre los límites del poder presidencial, la legitimidad democrática y la participación ciudadana.
