Una vez más, el Congreso de Colombia ha evitado discutir de fondo una medida ampliamente respaldada por la ciudadanía: la reducción del salario de los congresistas. El intento más reciente, liderado por la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, no logró avanzar debido a la falta de cuórum en el Senado. Lo que debía ser una sesión clave terminó en una jornada marcada por ausencias estratégicas y declaraciones cruzadas.
Según lo denunció el senador Iván Cepeda, algunos legisladores abandonaron el recinto justo antes de la votación, con el claro propósito de impedir que se alcanzara el número necesario para decidir sobre la iniciativa. Otros se declararon impedidos para participar, un recurso legal que, en este contexto, generó aún más suspicacia sobre el compromiso real del Legislativo con la reforma política y la eficiencia del gasto público.
La propuesta, que contemplaba congelar el salario de los congresistas por cuatro años y eliminar los aumentos anuales automáticos ligados al salario mínimo, naufraga por quinta vez consecutiva. En cada intento, el resultado ha sido el mismo: aplazamientos sin explicación convincente y una creciente desconfianza ciudadana.
¿Qué proponía el proyecto de ley y por qué es importante?
La medida planteaba congelar los sueldos actuales de senadores y representantes —que actualmente superan los 43 millones de pesos mensuales— como parte de una estrategia de austeridad fiscal y equidad frente al resto de trabajadores del sector público. Además, se aspiraba a eliminar el incremento anual basado en el aumento del salario mínimo, considerado desproporcionado frente a los beneficios ya otorgados a estos funcionarios.
Los impulsores del proyecto argumentan que la reducción del salario de los congresistas es simbólica pero necesaria para recuperar la credibilidad institucional. No se trata solamente de ahorro, sino de enviar una señal clara sobre la disposición de la clase política a someterse a los mismos sacrificios que se exigen a la ciudadanía en tiempos de crisis económica.
De haberse aprobado, esta reforma habría representado un cambio histórico en un Congreso que tradicionalmente ha sido reacio a autorregular sus beneficios. Sin embargo, la falta de voluntad política vuelve a evidenciar que la desconexión entre los intereses legislativos y las demandas ciudadanas sigue siendo profunda.
¿Por qué no se discutió el proyecto si había voluntad popular?
La explicación más directa es la ausencia deliberada de varios senadores justo en el momento en que debía decidirse el destino del proyecto. Para el senador Iván Cepeda, esto no fue coincidencia: “Algunos abandonaron el recinto para desbaratar el cuórum decisorio”, denunció públicamente.
Además, hubo un número significativo de impedimentos declarados por parte de los legisladores, quienes argumentaron conflictos de interés. Aunque esta figura es legal, su uso reiterado en proyectos sensibles como este sugiere una estrategia dilatoria más que una precaución ética legítima.
Este escenario refuerza la percepción de que el Congreso protege sus privilegios a toda costa. Las reformas estructurales como esta se ven saboteadas por procedimientos internos que permiten bloquear propuestas sin necesidad de votar en contra, evitando así el costo político que implicaría oponerse abiertamente a una demanda popular.
