La exgobernadora y lideresa social Sandra Paola Hurtado Palacio ha formulado un firme llamado a las autoridades locales y departamentales del Quindío para que suspendan de manera inmediata el incremento tarifario en el servicio de agua potable en Armenia y varios municipios vecinos. La propuesta, orientada a mitigar el impacto económico derivado del reciente sismo del 10 de agosto, incluye una solicitud formal al Gobierno nacional para ampliar el subsidio temporal a los servicios públicos a un periodo mínimo de seis meses y otorgar una tarifa reducida especial a toda la población durante la etapa de reconstrucción.
El pronunciamiento surge en medio de un ambiente de profunda preocupación por las secuelas del sismo que estremeció a la región. Hurtado enfatizó que las consecuencias de un fenómeno natural de tal magnitud trascienden las pérdidas estructurales visibles, afectando severamente la dinámica comercial, el empleo formal e informal y la capacidad de pago de miles de familias. Bajo esta premisa, la dirigente argumenta que mantener los aumentos tarifarios que venían programando las empresas prestadoras de servicios públicos resulta incompatible con la realidad socioeconómica que hoy atraviesan el departamento y su capital.
Revisión técnica y fundamentación jurídica de las tarifas
Antes de la emergencia sísmica, Empresas Públicas de Armenia (EPA) había proyectado alzas tarifarias de entre el 22 % y el 26 % para diversos sectores y estratos. Frente a este panorama, Sandra Paola Hurtado fundamentó su petición de frenar los cobros en la normativa regulatoria vigente, citando específicamente la Resolución CRA 1032 de 2026. La exgobernadora explicó que dicho marco normativo establece topes máximos y metodologías de cálculo, pero en ningún momento impone la obligación de aplicar las tarifas más altas permitidas. El artículo 2.1.2.1.7.1.1 de la citada regulación faculta a las empresas a fijar valores inferiores y sostener los costos previos cuando existan razones debidamente justificadas.
En este sentido, se argumenta que el terremoto constituye un hecho sobreviniente indiscutible que modificó de forma sustancial todas las variables técnicas e hipotéticas utilizadas en los estudios tarifarios previos. Indicadores cruciales como el número de suscriptores activos, el volumen de demanda y consumo, los niveles de recaudo, la cartera morosa, la infraestructura operativa y la capacidad efectiva de pago de los usuarios sufrieron alteraciones drásticas. Por lo tanto, los análisis realizados con anterioridad al sismo perdieron representatividad técnica y validez material para seguir sirviendo de sustento a incrementos en las facturas de acueducto y alcantarillado.
Impacto económico integral y lecciones del pasado
La postura presentada subraya que la evaluación del impacto del desastre no debe limitarse de forma exclusiva al censo de edificaciones colapsadas o con daños estructurales severos. Aunque el auxilio inmediato a las familias que perdieron sus viviendas es fundamental, se advierte que la parálisis productiva, la caída generalizada en las ventas comerciales y la disminución de ingresos golpean también a quienes conservaron su techo pero perdieron sus medios de subsistencia. En una región con altos índices históricos de informalidad laboral, un incremento en los servicios básicos amenaza con asfixiar la economía popular y complicar la recuperación general.
El análisis evoca además la memoria histórica de la región, señalando que los procesos de reconstrucción posteriores a eventos sísmicos previos enseñan que enfocar las inversiones únicamente en la infraestructura física resulta insuficiente si se descuida el tejido social y productivo. Reconstruir paredes y levantar nuevos edificios no garantiza el bienestar general si la ciudadanía carece de ingresos estables para saldar sus compromisos elementales, tales como las facturas de agua, energía y alimentación. De ahí la urgencia de evitar que el proceso de reactivación económica del Quindío inicie con cargas financieras adicionales para los contribuyentes.
Propuestas concretas y peticiones ante organismos reguladores
Frente a la coyuntura actual, la propuesta estructurada por la lideresa social abarca cuatro líneas de acción inmediata dirigidas al alcalde de Armenia, al gobernador del Quindío y a las juntas directivas de EPA y de Empresas Públicas del Quindío (EPQ) —entidad encargada del suministro en municipios como Montenegro, Quimbaya, Circasia y La Tebaida—:
- Suspensión inmediata de los incrementos tarifarios anunciados previa a la emergencia sísmica.
- Mantenimiento temporal de la estructura tarifaria anterior para no alterar la facturación actual.
- Gestión ante el Gobierno nacional para extender el subsidio de servicios públicos a mínimo seis meses, abarcando a toda la población afectada y no solo a los damnificados directos con pérdida de vivienda.
- Definición e implementación de una tarifa mínima especial que rija durante todo el tiempo que tome el proceso de reconstrucción.
A la par de estas medidas, se ha radicado una solicitud formal ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para que expida una norma de carácter regulatorio que suspenda de manera preventiva las alzas aprobadas en los 15 departamentos y 472 municipios del país impactados por el sismo. Esta suspensión se mantendría vigente hasta tanto no se elaboren nuevos estudios socioeconómicos que reflejen con exactitud las condiciones del territorio tras la emergencia.
