En medio de una creciente tensión institucional y de orden público en el departamento de Norte de Santander, el abogado Ever Jesús Pallares dimitió a su cargo como defensor regional del Pueblo en Ocaña. La renuncia se produjo tras el conocimiento de indagaciones preliminares en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación, las cuales señalan presuntas amenazas y la supuesta filtración de información confidencial hacia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que mantiene una fuerte presencia en la subregión del Catatumbo.
El exfuncionario, oriundo de Teorama, inició su labor continuada dentro del organismo humanitario en julio de 2020. Posterior a su paso por la Personería Municipal de su tierra natal, asumió la titularidad de la Defensoría del Pueblo en Ocaña en octubre de 2022 bajo la gestión de Carlos Camargo. En diciembre de 2024, fue ratificado por la actual defensora del Pueblo, Iris Marín. Sin embargo, las graves acusaciones en torno a un presunto favorecimiento al grupo rebelde precipitaron su salida de la institución pública.
Las pesquisas judiciales y el nexo familiar con la alta dirigencia del ELN
La controversia en torno a Pallares escaló notablemente al revelarse su parentesco directo con una de las máximas figuras del ELN en la zona. El exdefensor es sobrino de Luz Amanda Pallares Pallares, conocida dentro de la estructura armada con el alias de Silvana Guerrero. La mujer es catalogada por la Fuerza Pública colombiana como una cabecilla pseudopolítica perteneciente al Frente de Guerra Nororiental del grupo insurgente.
Alias Silvana Guerrero, también nacida en Teorama y con formación en Educación Básica y Química, formó parte de la delegación de negociadores del ELN durante la mesa de diálogo sostenida con la administración del expresidente Gustavo Petro. Además, reportes de inteligencia estratégica la ubican como una figura de alta confianza para el Comando Central (COCE) del grupo armado. Por datos que permitan dar con su paradero o la captura de alias Ricardo, el Ministerio de Defensa mantiene vigente una recompensa económica de hasta 1.640 millones de pesos.
Frente a la salida del funcionario, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento institucional confirmando la aceptación de la dimisión de Ever Jesús Pallares. En el comunicado, el organismo precisó que corresponderá a los organismos judiciales competentes evaluar la veracidad de las denuncias formuladas, garantizando las garantías procesales.
«Confiamos en que las instituciones de justicia esclarecerán plenamente los hechos dentro del marco del debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad individual», enfatizó la entidad estatal. De igual manera, el órgano de protección de derechos humanos subrayó que la consanguinidad no implica corresponsabilidad penal: «Nuestra convicción es que los vínculos de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares».
Crisis humanitaria e impacto del conflicto en el Catatumbo
La dimisión de Pallares se produce en un contexto sumamente complejo para el Catatumbo. Desde los primeros meses de 2025, la confrontación armada en esta franja fronteriza con Venezuela se intensificó drásticamente debido a una ofensiva del ELN contra el Frente 33, una facción disidente de las antiguas FARC. El choque entre ambas estructuras por el control territorial y de rutas estratégicas derivó en un grave deterioro sociojurídico para las comunidades locales.
Los datos oficiales evidencian la magnitud de la conflagración. Informes de las Naciones Unidas e indicadores presentados por la Unidad para las Víctimas confirmaron que las dinámicas de violencia provocaron el desplazamiento forzado de 102.857 personas en la región. Adicionalmente, las instituciones registraron 8.222 casos de amenazas directas contra habitantes y líderes sociales, sumados a 6.405 ciudadanos en situación de confinamiento producto de la siembra de minas antipersonal y los enfrentamientos armados directos.
El panorama de seguridad en el departamento continúa registrando episodios críticos. Recientemente, las autoridades locales reportaron ataques ejecutados con drones cargados con explosivos contra tres subestaciones de la Policía Nacional ubicadas en los sectores de La Y de Astilleros, Campo Dos y Petrolea, hechos que no dejaron uniformados lesionados pero reafirmaron la persistencia de la amenaza armada en la zona.
Paralelamente a estos hechos, el escenario de la Fuerza Pública atraviesa transformaciones operativas e institucionales. Tras la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, se han ejecutado reestructuraciones estratégicas y cambios en las líneas de mando que derivaron en el retiro por antigüedad de 26 generales y almirantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Ante este complejo panorama socio-político, la Defensoría del Pueblo reiteró que mantendrá su presencia institucional y sus labores de acompañamiento humanitario en el territorio nortesantandereano. La entidad reafirmó su compromiso de seguir emitiendo alertas tempranas para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales de las comunidades del Catatumbo, al tiempo que reiteró su rechazo categórico a las acciones violentas cometidas por todos los actores armados ilegales que ejercen presencia en la región.
