Con una votación favorable de 96 representantes, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de reforma a la justicia que busca modernizar y descomprimir el sistema penal colombiano. La iniciativa, construida de manera conjunta por el Gobierno Nacional, la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, introduce mecanismos innovadores como la resolución anticipada de procesos penales y nuevos instrumentos jurídicos que prometen mayor eficiencia y equidad.
El proyecto fue presentado inicialmente en octubre de 2024 por figuras clave del sector justicia: el expresidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra; la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Desde entonces, se consolidó como una apuesta prioritaria del Ejecutivo para enfrentar problemas estructurales como el hacinamiento carcelario y la congestión judicial.
Reparación a las víctimas y justicia premial: los pilares del nuevo modelo
Uno de los ejes centrales de esta reforma a la justicia es el fortalecimiento de la reparación integral a las víctimas. Esta figura permite cerrar procesos penales anticipadamente cuando el acusado acepta su responsabilidad y se compromete a reparar el daño causado. Así, no solo se reduce el volumen de casos en trámite, sino que se otorgan respuestas efectivas y restaurativas a quienes han sido afectados por delitos.
En paralelo, el texto aprobado impulsa la llamada justicia premial, un mecanismo que otorga beneficios a los procesados que colaboren con las autoridades desde las etapas iniciales. De acuerdo con el articulado, la Fiscalía podrá establecer acuerdos judiciales incluso antes de abrir una investigación formal, mediante el uso del principio de oportunidad. Esta herramienta pretende descongestionar los tribunales y agilizar la toma de decisiones judiciales, en especial en delitos donde hay voluntad de colaboración.
Además, se introduce la posibilidad de pruebas anticipadas, las cuales permitirán recoger testimonios clave que, aunque recolectados en etapas previas, podrán ser utilizados durante el juicio. Este punto busca evitar que la pérdida de pruebas o la dilación en los procesos obstaculice la impartición de justicia.
