Irán completa casi una semana de protestas masivas que se han extendido a al menos 32 ciudades del país, en una de las mayores expresiones de descontento social desde las revueltas de 2022. Lo que comenzó como una reacción al colapso económico terminó derivando en consignas abiertamente políticas que cuestionan la continuidad de la República Islámica y el liderazgo del ayatolá Ali Jamenei.
Desde el viernes 2 de enero, las movilizaciones no han cesado. Comerciantes, estudiantes y ciudadanos de distintos sectores han salido a las calles en ciudades como Teherán, Isfahán, Mashhad, Shiraz, Kermanshah, Hamadán, Yazd y Qom, así como en zonas periféricas y rurales. Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes coreando lemas como “Muerte al dictador”, mientras enfrentan una respuesta cada vez más dura de las fuerzas de seguridad.
Según la ONG iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, en los primeros cinco días de protestas se registraron al menos siete personas muertas, 33 heridas y 119 detenidas. Entre las víctimas se encuentra Dariush Ansari Bakhtiarvand, fallecido tras recibir disparos durante una manifestación en Fuladshahr, donde su funeral se convirtió en un nuevo foco de protesta.
Las autoridades también confirmaron la muerte de un integrante de la milicia paramilitar Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria, atribuyendo el hecho a los manifestantes. Medios oficiales como la agencia Tasnim informaron de enfrentamientos en ciudades como Azna y Lordegan, donde se reportaron choques violentos, ataques a comisarías e incendios de patrullas.
El detonante de esta nueva ola de movilizaciones es el profundo deterioro de las condiciones de vida. A esto se suman una grave crisis energética, escasez de agua por la sequía prolongada y altos niveles de contaminación del aire, responsables de decenas de miles de muertes al año.
Las consignas iniciales, evolucionaron rápidamente hacia cuestionamientos directos al sistema político. En varias ciudades se escucharon llamados al fin de la República Islámica y consignas que evocan el regreso de la monarquía, con referencias a la dinastía Pahlaví y a su heredero, Reza Pahlaví, exiliado en Estados Unidos.
Aunque el gobierno del presidente Masud Pezeshkian reconoció la legitimidad de las demandas económicas y llamó al diálogo, la respuesta oficial se endureció a medida que crecían las protestas. Paralelamente, se anunciaron medidas como la entrega de canastas de alimentos y créditos, que no lograron contener el malestar social.
La crisis interna escaló al plano internacional tras una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Washington “acudirá al rescate” de los manifestantes si las fuerzas de seguridad iraníes continúan disparando contra civiles. La declaración elevó la tensión regional, ya marcada por recientes ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.
Desde Teherán, la respuesta fue inmediata. Altos asesores del líder supremo calificaron cualquier injerencia extranjera como una amenaza directa y advirtieron sobre consecuencias regionales. El canciller Abbas Araqhchi tildó la postura de Trump de “imprudente y peligrosa”, aunque reconoció que, si bien la mayoría de las protestas son pacíficas, los ataques contra bienes públicos son inaceptables. Australia también se sumó a las condenas por la represión y pidió respeto a los derechos de los manifestantes.
Mientras el liderazgo iraní insiste en que el país “avanza”, amplios sectores de la población sienten que han llegado a un punto de quiebre. Las protestas, aún sin un liderazgo unificado, mantienen en vilo al régimen y abren un nuevo capítulo de incertidumbre en uno de los escenarios más sensibles de Medio Oriente.
