La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, por presuntas irregularidades en la financiación electoral.
El pronunciamiento fue emitido por la Delegada Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal de la entidad, tras examinar una serie de evidencias que demostrarían que durante la primera vuelta presidencial de 2022 se superaron los topes de gasto autorizados por el CNE en más de $154 millones.
El concepto también apunta a la existencia de reportes incompletos en la segunda vuelta electoral, especialmente relacionados con el evento de cierre de campaña en el Movistar Arena, en el cual se habrían omitido $100 millones en el reporte oficial entregado al órgano electoral.
Detalles de la supuesta financiación irregular
Según la Procuraduría, la campaña del entonces candidato Gustavo Petro incurrió en ocultamiento de información y falsedad por omisión. En particular, se menciona que el gerente de campaña, Ricardo Roa, no reportó al CNE el valor real de un evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá, una de las actividades más visibles del cierre de campaña de la segunda vuelta.
La diferencia entre lo reportado oficialmente y el gasto real, según el Ministerio Público, asciende a $100.000.000, monto que habría sido asumido por un tercero no identificado. Este tipo de acción se considera una violación directa a los principios de transparencia en la financiación política.
Además de Roa, la Procuraduría también solicitó sanciones para otros miembros clave del equipo financiero de la campaña presidencial: Lucy Aydee Mogollón Alfonso, como tesorera, y María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, como auditores.
Multas y devoluciones: las consecuencias solicitadas por la Procuraduría
En el concepto enviado al CNE, la Procuraduría propone una sanción solidaria para los involucrados, que consiste en el pago de una multa equivalente al 1% del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña presidencial en primera vuelta.
Asimismo, se solicita que los implicados devuelvan los $154.262.381 correspondientes al exceso de gasto detectado en esa misma etapa de la contienda. En relación con la segunda vuelta, la recomendación es que también se apliquen sanciones por el monto omitido, elevando el total de la restitución y multas que podrían recaer sobre el equipo financiero de la campaña del Pacto Histórico.
Aunque se trata de un concepto jurídico no vinculante, la solicitud de la Procuraduría tiene un peso significativo en el desarrollo de procesos sancionatorios por parte del CNE, que ahora deberá pronunciarse oficialmente sobre el caso.
