La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad por 14 años del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tras concluir un proceso disciplinario en su contra. Según el organismo de control, el mandatario incurrió en participación indebida en política, lo que constituye una falta gravísima que atenta contra los principios de imparcialidad que rigen el ejercicio del cargo público.
La decisión, considerada una de las sanciones más severas impuestas recientemente a un funcionario de elección popular en Boyacá, se convierte en un precedente para el manejo disciplinario en Colombia y refuerza la vigilancia frente a posibles abusos de poder por parte de los mandatarios locales.
Los motivos de la destitución
De acuerdo con la Procuraduría, Mikhail Krasnov utilizó su posición como alcalde de Tunja para expresar públicamente apoyo a candidatos durante el pasado proceso electoral. Las pruebas recaudadas demostraron que el mandatario habría vulnerado el régimen de inhabilidades y prohibiciones, lo que compromete la neutralidad exigida a los funcionarios de su nivel.
El órgano de control disciplinario sostuvo que la participación del alcalde en actos políticos constituye un uso indebido de su investidura, afectando la transparencia del proceso democrático y generando ventajas indebidas para determinados candidatos. Estas conductas, catalogadas como faltas gravísimas a título de dolo, derivaron en la decisión de imponerle la sanción de destitución inmediata e inhabilidad por 14 años para ejercer cargos públicos.
Impacto político y social en Tunja
La salida de Mikhail Krasnov de la Alcaldía de Tunja genera un fuerte impacto político en la capital boyacense. Durante su mandato, el alcalde se presentó como un líder cercano a la ciudadanía, pero las denuncias y el posterior proceso disciplinario deterioraron su imagen pública.
Organizaciones sociales y sectores políticos en Boyacá han recibido la decisión con posiciones divididas. Algunos consideran que se trata de un paso necesario para garantizar la transparencia institucional, mientras otros cuestionan la severidad de la sanción frente a las dinámicas políticas del país.
En el plano administrativo, la destitución obliga a la designación de un mandatario encargado mientras se define quién completará el período de gobierno en la ciudad. Esta situación genera incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos en curso y el cumplimiento de los compromisos con la comunidad tunjana.
Contexto legal y precedentes
La Procuraduría recordó que los servidores públicos de elección popular están sometidos a estrictas restricciones en materia de participación política, salvo en el ejercicio de su derecho al voto. Cualquier pronunciamiento público o acción que favorezca a un candidato constituye una falta disciplinaria.
Este tipo de sanciones no son nuevas en el país. En los últimos años, varios alcaldes y gobernadores han enfrentado procesos similares, con consecuencias que incluyen destituciones y largas inhabilidades. El caso de Krasnov se suma a esa lista y evidencia la importancia del control disciplinario en el fortalecimiento de la democracia.
La medida, además, refleja el compromiso de los órganos de control en Colombia por aplicar los estándares de imparcialidad y legalidad que la ciudadanía demanda.
