La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer presuntas conductas de acoso sexual que habrían ocurrido durante la administración de Carlos Caicedo como gobernador del Magdalena, entre 2020 y 2023. La actuación se inició de oficio tras la difusión de una investigación periodística publicada por La FM, que recogió testimonios de varias mujeres vinculadas laboralmente a la Gobernación y al movimiento político Fuerza Ciudadana.
Según el Ministerio Público, la indagación busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, identificar posibles responsables y establecer si existe mérito para abrir una investigación disciplinaria formal. En esta etapa preliminar, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para confirmar vínculos laborales, revisar si existen denuncias previas y determinar eventuales actuaciones penales relacionadas con los señalamientos.
Los testimonios divulgados por La FM incluyen relatos de cuatro mujeres que aseguran haber sido sometidas a presiones de carácter sexual dentro de entornos laborales y políticos. Una de ellas afirmó que el entonces gobernador le habría solicitado subir a su habitación durante un evento oficial, insinuando que su ascenso dependía de aceptar ese encuentro. Otras denunciantes señalaron tocamientos indebidos y conductas persistentes de acoso por parte de funcionarios cercanos a la administración.
En paralelo, ante la Fiscalía cursa una denuncia penal formal que menciona presuntos delitos de acoso sexual y actos sexuales abusivos, sustentada en testimonios y documentos conocidos públicamente. La Procuraduría aclaró que la indagación disciplinaria no implica prejuzgamiento ni formulación de cargos, sino una fase inicial de verificación.
Carlos Caicedo, hoy candidato presidencial, negó las acusaciones y afirmó que los señalamientos hacen parte de una estrategia de desestabilización política. A través de redes sociales anunció acciones legales y sostuvo que los testimonios carecen de verificación judicial.
Las actuaciones de los entes de control continúan en curso, mientras se evalúa si los hechos denunciados configuran faltas disciplinarias o responsabilidades penales.
