Como colombiano y como Procurador General rechazo con toda contundencia los secuestros infames de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, perpetrados por el grupo criminal ELN.
Es absolutamente inaceptable la pretensión alevosa e ilegítima de este grupo, de someterlos a supuestos “juicios revolucionarios” y de prolongar arbitrariamente su cautiverio.
Ningún grupo armado ilegal ni estructura criminal puede arrogarse funciones de autoridad judicial, imponer condenas, o disponer de la libertad y la dignidad de los colombianos.
El ELN debe entender que con estos actos atroces insulta a toda la sociedad colombiana, sí, a toda, y dinamita los puentes que tanto las autoridades como la comunidad internacional le han tendido para facilitarle su tránsito a la legalidad .
La paciencia está agotada. Esos criminales solo merecen largas penas y repudio hasta cuando reparen todo el daño que le han causado a Colombia. Han abusado por demasiado tiempo y sin pudor alguno de la generosidad de esta sociedad que clama por la paz.
El secuestro es una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, no puede ser amnistiado, lo castiga la humanidad entera y no tiene justificación bajo ninguna circunstancia.
Desde la Procuraduría General de la Nación le exijo al ELN la liberación inmediata, incondicional y en condiciones de seguridad de estas cuatro personas. Así mismo, insto a las autoridades competentes a agotar todos los recursos legales para someter y enjuiciar los responsables.
Hago también un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los organismos humanitarios y a todas las instituciones del Estado para mantener una voz firme y unida frente a estos hechos criminales, que ofenden la dignidad humana y lesionan profundamente a la nación colombiana.
