El proceso penal que involucra al exalcalde de Dosquebradas Diego Ramos avanzó con la imputación formal de delitos relacionados con la ejecución del contrato para las Fiestas del Progreso del año 2022. En la misma diligencia fueron vinculados el exsecretario de Gobierno, Juan Carlos Sepúlveda, y la exsecretaria Privada, Claudia Patricia García, quienes también enfrentan señalamientos por presuntas irregularidades cometidas durante la administración de ese periodo. La investigación busca esclarecer cómo se habría direccionado la contratación y la forma en que presuntamente se manejaron los recursos públicos destinados a la organización del evento municipal.
Según expuso la Fiscalía, las imputaciones surgen a partir de evidencias que vincularían a los tres exfuncionarios con reuniones y decisiones relacionadas con la ejecución del contrato, cuyo manejo está hoy bajo estricta revisión judicial. El contrato, que tuvo como objetivo financiar las fiestas tradicionales de la localidad, terminó siendo eje central de una serie de actuaciones que, de acuerdo con el ente acusador, habrían beneficiado indebidamente a terceros.
Imputación de cargos contra Diego Ramos
La Fiscalía imputó al exalcalde peculado por apropiación en favor de terceros agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso presentó la argumentación en la que se señala que existen elementos que demostrarían que Ramos sostuvo reuniones con el concejal Carlon Londoño —también investigado en este proceso— y con otros funcionarios de su administración, entre ellos Sepúlveda y García. Estas reuniones habrían girado en torno a la ejecución del contrato investigado.
Aunque Ramos no firmó directamente dicho contrato, la Fiscalía sostiene que el concejal Londoño habría sido quien se apropió de los recursos, cuyo monto superaría los 240 millones de pesos. La fiscal indicó que las reuniones sostenidas tendrían relación directa con la planeación, seguimiento y presunta destinación irregular del dinero público asociado al proyecto.
En la audiencia se escuchó una intervención de la fiscal 28 Seccional de Administración Pública, en la que se detallaron las razones por las que el ente acusador considera que las actuaciones del exmandatario incidieron en el resultado final del contrato. La intervención reforzó la tesis de la presunta participación del exalcalde al permitir decisiones que terminarían favoreciendo a un tercero ajeno a la contratación formal.
Señalamientos contra los exsecretarios Juan Carlos Sepúlveda y Claudia Patricia García
En el caso del exsecretario de Gobierno y de la exsecretaria privada, la Fiscalía les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según la entidad, ambos funcionarios participaron directamente en actividades asociadas con el contrato investigado, y habrían sido parte de las reuniones en las que se discutieron aspectos clave de su ejecución.
La fiscal sostuvo que Claudia Patricia García tenía como función la creación de la base de datos de los contratos y era la persona encargada de mantener informado al alcalde sobre todo lo relacionado con estos procesos. También se mencionó que García asistió a encuentros en los que se abordó el incumplimiento del contrato por parte del concejal Londoño, lo que la vincula directamente con el conocimiento y seguimiento del mismo.
Respecto a Juan Carlos Sepúlveda, la Fiscalía expuso que también habría participado en las reuniones mencionadas, teniendo conocimiento de los pormenores del contrato y, presuntamente, interviniendo en decisiones administrativas relacionadas con su ejecución. Su presencia en estos espacios es considerada por la Fiscalía como un elemento relevante dentro del proceso penal.
Ambos exfuncionarios escucharon igualmente en audiencia otra intervención de la fiscal 28 Seccional de Administración Pública, donde se reiteraron los argumentos que fundamentan su vínculo en el caso.
Créditos: Caracol Radio
