En medio de las jornadas de protestas y manifestaciones llevadas a cabo el 14 de octubre de 2026 en Colombia, un hecho desató una intensa controversia política en el país. Diversos sectores cuestionaron la aparición de hombres armados con fusiles apostados en la terraza del Congreso de la República, situado en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá. Las críticas iniciales apuntaban a una presunta directriz del Gobierno nacional o de la administración del Legislativo para intimidar a la ciudadanía que ejercía su derecho constitucional a la protesta.
Aclaraciones desde la Presidencia del Senado
Ante el revuelo y las acusaciones de congresistas como Jennifer Pedraza —quien exigió respuestas públicas sobre el origen de esta instrucción—, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, intervino durante la sesión plenaria del 14 de octubre para despejar las dudas y asumir la responsabilidad de la autorización. El alto directivo aclaró categóricamente que no se trató de una orden impuesta de forma arbitraria por el Gobierno, sino de una respuesta institucional a una solicitud formal enviada por los canales de seguridad del Estado.
Henríquez detalló que la petición provino directamente del esquema de protección del expresidente Gustavo Petro, mediante un oficio radicado el 13 de octubre por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, quien funge como responsable de las avanzadas del equipo de seguridad del exmandatario. En el documento oficial, el oficial solicitó la autorización para que dos funcionarios de la fuerza pública ingresaran y se ubicaran en la terraza del edificio legislativo a partir de las 08:00 horas del 14 de octubre, con el propósito estricto de salvaguardar la integridad del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego durante su asistencia a un evento programado en las inmediaciones.
El Marco Normativo y las Reacciones Políticas
El presidente del Senado respaldó su decisión en las disposiciones vigentes sobre la protección de exmandatarios, citando específicamente el Decreto 1066 de 2015 y el Decreto 1069 de 2018, además de los lineamientos del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (Cenir) y el comunicado oficial de la Policía Nacional. Según Henríquez, así como es su deber garantizar la seguridad dentro del recinto parlamentario, existe una obligación legal de colaborar con los organismos de protección cuando estos solicitan apoyo logístico y táctico para garantizar la vida de figuras públicas en espacios abiertos como la Plaza de Bolívar.
La revelación de la carta modificó el debate político en las redes sociales y el poder legislativo. Mientras algunos sectores de oposición y congresistas como Sara Castellanos recriminaron a quienes intentaron culpar al Legislativo o al Gobierno de una maniobra de intimidación —recalcando que fue el propio equipo de seguridad de Petro el que pidió la posición estratégica de los francotiradores—, el hecho reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad y el manejo de la fuerza pública durante las movilizaciones sociales en el centro de la capital.
