Un nuevo atentado contra el personal penitenciario sacudió este 15 de octubre al departamento de Santander. El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Diego Acevedo Garzón, fue asesinado con arma de fuego en el municipio de Girón, en un violento ataque perpetrado en las inmediaciones del barrio Santa Cruz, muy cerca del tradicional sector del Gallineral.
La víctima, quien ejercía el cargo de dragoneante de la institución y combinaba su labor oficial con el comercio como propietario del establecimiento de comida Sabor Argentino, habría sido abordada por hombres armados al interior del propio negocio. De acuerdo con las primeras informaciones preliminares recopiladas en la zona del crimen, el ataque fue directo e intempestivo, provocándole la muerte rápida.
Inmediatamente conocidos los hechos, efectivos de la Policía Nacional y unidades de los organismos judiciales acudieron al lugar del crimen para llevar a cabo la recolección de material probatorio, el levantamiento del cuerpo y la reconstrucción cronológica de los acontecimientos. Por el momento, la fuerza pública intenta identificar de manera fehaciente la ruta de escape empleada por los sicarios.
Gobernador convoca a consejo de seguridad y solicita acelerar capturas
El homicidio del dragoneante desencadenó una enérgica y rápida reacción institucional por parte del gobierno departamental. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su total rechazo ante el accionar de los violentos y extendió sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros de trabajo de la víctima.
«Rechazo el asesinato del dragoneante del INPEC Diego Acevedo Garzón, esta noche en Girón. Toda mi solidaridad con su familia y compañeros«, manifestó públicamente el mandatario.
Asimismo, Díaz Mateus anunció de inmediato la convocatoria urgente a un consejo de seguridad metropolitano con el fin de articular estrategias contundentes de reacción e investigación. El jefe del gobierno departamental instó a una estrecha colaboración entre la Dirección del Inpec, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.
El objetivo central de este encuentro de alto nivel no solo apunta a coordinar las tareas para dar con el paradero y captura de los autores materiales e intelectuales del homicidio, sino también a definir esquemas de protección especial para los trabajadores del sistema penitenciario que laboran en la jurisdicción metropolitana. Con una postura tajante frente a la delincuencia, el gobernador remató sus declaraciones asegurando: «No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander. En Santander no bajamos la guardia«.
Investigan posibles intimidaciones dirigidas hacia la víctima
Las autoridades judiciales han abierto diversas líneas de indagación para establecer las causas exactas que derivaron en la muerte de Diego Acevedo Garzón. Una de las hipótesis clave que intentan verificar los investigadores gira en torno a supuestas intimidaciones que el funcionario habría recibido con anterioridad a su asesinato.
Según versiones difundidas preliminarmente por el medio local El Cartel, el dragoneante habría sido víctima de constantes intimidaciones de muerte desde hacía aproximadamente dos meses. Sin embargo, las autoridades judiciales enfatizaron que dicho señalamiento constituye una versión en proceso de verificación y aún no cuenta con confirmación oficial.
Dentro del proceso investigativo se evaluará de forma minuciosa si el móvil del crimen tiene un nexo directo con las labores de custodia y vigilancia que Acevedo desempeñaba como dragoneante dentro del Inpec, si se relaciona con inconvenientes derivados de su actividad en el sector comercial o si responde a disputas de índole personal.
Hasta el momento, no existe un parte oficial definitivo que esclarezca de forma determinante el motivo del homicidio. No obstante, el trágico suceso vuelve a poner de presente la constante preocupación de los gremios y sindicatos penitenciarios frente a las condiciones de vulnerabilidad y seguridad que afrontan los funcionarios de la institución penitenciaria en diferentes zonas del país. Se espera que tras la realización del consejo de seguridad metropolitano se entreguen nuevos detalles institucionales sobre los avances en las investigaciones.
