El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual se declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica, argumentando que la medida limita la capacidad del Estado para responder con rapidez a la grave crisis humanitaria provocada por la ola invernal en los departamentos de Córdoba y Sucre.
La petición quedó consignada en una carta fechada el 9 de febrero y dirigida a la Sala Plena del alto tribunal. En el documento, el mandatario advierte que la situación se ha agravado de manera acelerada desde la suspensión del decreto y sostiene que el país enfrenta una tragedia en curso que requiere herramientas excepcionales para evitar daños irreparables.
Según el balance expuesto por el jefe de Estado, las inundaciones han dejado al menos 14 personas muertas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias afectadas, lo que equivale a unas 300.000 personas. Además, más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares en la región Caribe.
En su comunicación, Petro subrayó que la permanencia de la suspensión del decreto restringe la respuesta institucional en un momento crítico. Afirmó que, aunque el Gobierno ha movilizado todas sus capacidades a través del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la articulación de ministerios y entidades, existen limitaciones reales para actuar sin las herramientas constitucionales previstas en la emergencia.
El presidente también explicó que la crisis tiene origen en un fenómeno climático extraordinario: la llegada de un frente frío de origen ártico al Caribe colombiano, acompañado de lluvias de una intensidad sin precedentes históricos ni estadísticos en la región. Informes técnicos, según indicó, advierten incluso la posible llegada de un nuevo frente frío que podría profundizar las afectaciones.
Petro aclaró que su solicitud no constituye un pulso político ni un debate ideológico con la Corte Constitucional. Insistió en que se trata de un llamado humanitario para proteger la vida y la dignidad de miles de ciudadanos. “No es un riesgo teórico, es un hecho extraordinario”, señaló, al tiempo que reiteró que levantar la suspensión del decreto es una decisión necesaria para permitir una acción inmediata y eficaz del Estado frente a la emergencia.
Con esta solicitud, el Gobierno busca reactivar el decreto de emergencia económica para ampliar su capacidad operativa y atender una crisis climática que, según el propio mandatario, dejó de ser una advertencia y hoy representa una realidad que exige respuestas urgentes.
